Morales rechazó las acusaciones y las calificó de persecución política y de maniobra para desviar la atención de la crisis económica
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió el miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por su presunta participación en los bloqueos de carreteras y las protestas que paralizaron parte de Bolivia durante 53 días entre mayo y junio.
El documento, firmado por el fiscal Brayan Melgar Ledezma, de la Unidad Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, señala a Morales y a otras personas no identificadas por seis presuntos delitos: alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. La investigación se originó en una querella del Comité Cívico Pro Santa Cruz, a la que posteriormente se adhirió el Ministerio de Gobierno.
Morales rechazó las acusaciones y las calificó de persecución política y de maniobra para desviar la atención de la crisis económica. ”Nuestra posición siempre ha sido clara: estamos del lado de quienes sufren el ajuste, la escasez de combustible, el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico (…) No nos intimidarán”, escribió en la red social X desde el Chapare, la región tropical de Cochabamba donde permanece resguardado por organizaciones cocaleras.
El objeto de las movilizaciones es materia de disputa. La querella sostiene que buscaban la renuncia del presidente Rodrigo Paz; Morales afirma que reclamaban respuestas socioeconómicas del Ejecutivo y no la salida del mandatario. El propio exmandatario publicó el 24 de mayo que Paz tenía dos caminos ante la crisis: militarizar el país o convocar elecciones en un plazo de 90 días.
Las protestas comenzaron entre organizaciones campesinas aimaras de La Paz y sindicatos obreros, que reclamaban mayor participación en las decisiones de gobierno y mantuvieron sitiada la sede administrativa durante casi dos meses. Según El País de Madrid, dejaron 22 fallecidos, cifra que no ha sido corroborada de forma independiente; al firmarse el acuerdo de pacificación, el 20 de junio, el balance difundido era de 14 muertos.
La imputación alcanza también al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, Argollo, y al dirigente campesino paceño Vicente Salazar, en detención preventiva desde el 6 de julio. El caso del líder sindical es delicado para el Gobierno: fue el principal negociador del acuerdo de junio con Paz, que según la misma fuente incluía respetar el fuero sindical y renunciar a procesos judiciales contra miembros de la central.
Sobre Morales pesa además una orden de aprehensión vigente desde octubre de 2024 por no comparecer en un proceso por presunto abuso de una menor, causa que no ha sido resuelta y cuyos cargos el exmandatario niega, atribuyéndolos a motivaciones políticas. Las autoridades han sido cuestionadas por no ejecutar esa medida.
Morales rechazó las acusaciones y las calificó de persecución política y de maniobra para desviar la atención de la crisis económica 
