El plan contempla además inversiones para retomar el control de 138 establecimientos penitenciarios mediante drones, escáneres y detectores de metales
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó este martes en Brasilia un plan de seguridad pública dotado con unos 2.250 millones de dólares destinado a debilitar las finanzas del crimen organizado, retomar el control de las cárceles, combatir el tráfico de armas y mejorar la investigación de los homicidios, a cinco meses de las elecciones presidenciales de octubre. El paquete busca dotar al Gobierno de una identidad propia en uno de los terrenos en los que la opinión pública percibe mayor debilidad del oficialismo frente al discurso punitivo de la derecha.
“Esto no es solo el lanzamiento de un programa, es la señal al crimen organizado de que, en poco tiempo, ya no dominarán territorios [en Brasil], serán devueltos al pueblo brasileño”, afirmó el mandatario, acompañado por ministros y por el jefe de la Policía Federal. La iniciativa se orienta principalmente contra el Primeiro Comando da Capital (PCC), con unos 40.000 miembros, presencia en una treintena de países y una facturación anual estimada en 2.000 millones de dólares, y contra el Comando Vermelho (CV), su rival histórico, que reúne unos 30.000 integrantes. También apunta a las milicias integradas por antiguos policías y a estructuras menores con implantación regional.
Uno de los ejes centrales es la cooperación financiera con los 27 estados brasileños y con Estados Unidos. El presidente recordó haber abordado el asunto la semana pasada en Washington con su par estadounidense, Donald Trump, y señaló que algunos de los criminales brasileños más buscados se encuentran refugiados en Miami, que las mafias del país blanquean dinero en Delaware y que buena parte de las armas ilegales en circulación proviene de Estados Unidos. Lula insistió en que los tentáculos del crimen organizado “están también en empresas, en el fútbol o en el Congreso Nacional”, desplazando la responsabilidad del fenómeno fuera de la imagen tradicional asociada a las favelas.
El plan contempla además inversiones para retomar el control de 138 establecimientos penitenciarios mediante drones, escáneres y detectores de metales, con el objetivo de impedir que los jefes criminales sigan dirigiendo sus negocios desde la celda. Se reforzarán los equipos forenses encargados de investigar homicidios y se optimizará el rastreo de las miles de armas ilegales en circulación.
El principal adversario electoral del presidente, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, defiende la reducción de la edad penal y reclama a Washington que catalogue al PCC y al CV como organizaciones terroristas extranjeras. En un acto el fin de semana en Florianópolis advirtió a los criminales que, en caso de ganar las elecciones, “irán presos o serán neutralizados”. Brasil tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo, tras Estados Unidos y China, y registró en 2024 unas 44.000 muertes violentas, el 14% de ellas a manos de agentes uniformados, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública. En octubre pasado, una operación policial en Río de Janeiro dejó 121 muertos, la más letal en la historia del país.
El plan contempla además inversiones para retomar el control de 138 establecimientos penitenciarios mediante drones, escáneres y detectores de metales 
