La nueva orden ejecutiva amplía el alcance de las sanciones existentes a personas, entidades y empresas que respalden el aparato de seguridad del régimen cubano
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este viernes que su país “tomará Cuba casi inmediatamente”, en declaraciones realizadas durante un acto privado del Forum Club en West Palm Beach, Florida, horas después de firmar una orden ejecutiva que amplía sustancialmente las sanciones económicas contra el régimen de La Habana. Las palabras del mandatario, aunque enmarcadas en un tono coloquial, elevan considerablemente la tensión bilateral y abren un nuevo capítulo en la política estadounidense hacia el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
“A nuestro regreso de Irán, lo que haremos es enviar uno de nuestros portaaviones, quizás el Abraham Lincoln, el mayor del mundo, hacer que se acerque, se detenga a 100 metros de la orilla, y ellos contestarán: muchas gracias, nos rendimos”, dijo Trump ante los asistentes a la cena. El mandatario condicionó esa hipotética operación a la conclusión de la guerra contra Irán, todavía sin acuerdo de paz tras dos meses de combates. “Acabaremos esta primero, me gusta acabar los trabajos”, agregó. La Casa Blanca no aclaró si las declaraciones reflejan planificación operativa real más allá de las sanciones ya anunciadas.
La nueva orden ejecutiva, firmada el viernes bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), amplía el alcance de las sanciones existentes a personas, entidades y empresas que respalden el aparato de seguridad del régimen cubano, sean cómplices de corrupción gubernamental o violaciones de derechos humanos, o actúen como agentes y funcionarios del gobierno. La medida abarca los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros, y bloquea todos los activos en territorio estadounidense de las personas designadas, así como de sus familiares adultos. La orden también autoriza sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones con entidades sancionadas, lo que conlleva la posibilidad de pérdida de acceso al dólar como moneda operativa.
La política estadounidense hacia Cuba ha experimentado un endurecimiento progresivo desde el inicio del segundo mandato de Trump. La isla fue reincorporada a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo el 20 de enero, y el 29 de enero se decretó un embargo energético complementado con la amenaza de aranceles secundarios contra terceros países que vendan petróleo a La Habana. Según datos oficiales estadounidenses, la administración ha interceptado al menos siete buques tanqueros con destino a Cuba, lo que ha reducido las importaciones petroleras de la isla entre un 80% y un 90%. La Economist Intelligence Unit proyecta una contracción del 7,2% del PIB cubano para 2026.
La respuesta cubana fue inmediata y firme. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó las nuevas sanciones de “coercitivas” y las describió como un castigo colectivo contra la población cubana. El canciller Bruno Rodríguez sostuvo que el gobierno “no se deja amedrentar” e invocó las masivas movilizaciones progubernamentales celebradas el 1 de mayo, en las que reapareció públicamente el expresidente Raúl Castro, próximo a cumplir 95 años. Desde Florida, congresistas republicanos de origen cubano celebraron la medida. La diputada María Elvira Salazar afirmó en redes sociales que “la era de la política de apaciguamiento ha terminado”. Por su parte, el ex asesor de seguridad nacional John Bolton había advertido en abril que la administración Trump podría “repetir un error similar” al de Venezuela, en alusión a la captura militar del expresidente Nicolás Maduro el 3 de enero, antecedente que la Casa Blanca presenta como modelo de la denominada Operación Resolución Absoluta.
La nueva orden ejecutiva amplía el alcance de las sanciones existentes a personas, entidades y empresas que respalden el aparato de seguridad del régimen cubano 
