Claure, abogado de 49 años nacido en Cochabamba, fue interceptado cerca de la medianoche cuando circulaba en un vehículo por la avenida Busch
Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental de Bolivia, fue asesinado a tiros la noche del jueves en la ciudad oriental de Santa Cruz de la Sierra, en lo que las autoridades califican como un ataque ejecutado por sicarios y que se inscribe en una secuencia de hechos violentos atribuidos a la creciente influencia del narcotráfico en la principal ciudad del país. El crimen ha generado el repudio unánime del sistema judicial y políticos opositores, y plantea un desafío directo a la administración del presidente Rodrigo Paz, en funciones desde noviembre.
Claure, abogado de 49 años nacido en Cochabamba, fue interceptado cerca de la medianoche cuando circulaba en un vehículo por la avenida Busch, en el barrio Costanera próximo al cuarto anillo de la ciudad, acompañado por una mujer. Dos hombres en motocicleta siguieron su automóvil; uno de ellos descendió, se acercó al magistrado y le disparó a quemarropa. El ataque, registrado por cámaras de seguridad cuyas imágenes circularon en medios bolivianos, le impactó cuatro veces en el cuerpo, uno de ellos en la zona torácica que provocó un trauma toracoabdominal y un shock hipovolémico fatal, según la autopsia divulgada por la fiscal Yolanda Aguilera. Los atacantes escaparon de la escena y permanecen prófugos pese a un operativo policial desplegado en cuestión de minutos.
La Fiscalía General del Estado activó una comisión de fiscales y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales del crimen. Una vez conocido el ataque, agentes policiales fueron desplegados también en la zona de Equipetrol, donde un grupo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Magistratura asistían a un evento social por el Día del Trabajador. Los magistrados se encontraban en Santa Cruz por las Olimpiadas Nacionales Deportivas del Órgano Judicial.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, calificó el asesinato como una “ausencia del Estado” y afirmó que “no se puede vivir en un país donde el sicariato se apoderó de él y le dobló el brazo al Estado”. El Tribunal Agroambiental sostuvo que el crimen “constituye una afrenta directa a la independencia judicial”. El expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) consideró el hecho “espeluznante” y vinculó el asesinato a “al menos tres sucesos similares ocurridos en los últimos días en Santa Cruz”, atribuyéndolos al “narcotráfico violento que abarata los sicariatos de toda índole”.
Santa Cruz, motor económico de Bolivia y la ciudad más poblada del país, registra los mayores índices de inseguridad del territorio nacional, con presencia documentada de bandas vinculadas a cárteles brasileños, particularmente al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho, según informes del Ministerio de Gobierno. El asesinato de un magistrado representa un escalamiento significativo en una jurisdicción especializada en disputas de tierra y recursos naturales, áreas históricamente cruzadas por intereses económicos vinculados al avance de la frontera agrícola y a la economía ilegal en regiones limítrofes con Brasil. El gobierno de Paz, que asumió hace seis meses con el compromiso de reforzar el aparato de seguridad, no se había pronunciado oficialmente sobre el crimen al momento de esta nota.
Claure, abogado de 49 años nacido en Cochabamba, fue interceptado cerca de la medianoche cuando circulaba en un vehículo por la avenida Busch 
