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The Economist destaca el Uruguay liberal y el “derecho a morir”
El apoyo a la muerte asistida en Uruguay se asienta en una tradición secular y liberal única en la región, promovida por líderes políticos desde temprano Pablo Cánepa era un uruguayo normal y saludable de 35 años. Apuesto y extrovertido, era un talentoso diseñador gráfico que disfrutaba organizar asados con su novia y era fanático de Nacional, un equipo de fútbol local. Un día de marzo de 2022, mientras se duchaba, sintió de repente un mareo. No le dio mayor importancia.
Pero en apenas cuatro meses quedó atrapado en su propio cuerpo: su cerebro perdió casi todo control sobre sus músculos. De niño le encantaba dibujar. Ahora no puede sentarse, alimentarse ni controlar la vejiga o los intestinos, mucho menos sostener un lápiz. Su madre, de 75 años, debe cambiarle los pañales empapados. Su mente está lúcida: sabe exactamente lo que ocurrió, lo que perdió. Pero ni siquiera sus ojos funcionan: ve doble. Hablar lo agota. Desde hace tres años yace mirando el techo, incapaz de mover las extremidades para aliviar la rigidez y el dolor, mientras sus músculos se consumen. Atrapado, sufre ataques de pánico. Ni siquiera le han dado un diagnóstico claro: lo único que los médicos confirman es que tiene daño cerebral irreversible sin causa conocida. Pablo quiere morir. Lo ha dicho repetidamente desde comienzos de 2023. Pero la ley uruguaya no permite que alguien lo ayude.
Eso podría cambiar pronto. Hace una semana la Cámara de Diputados aprobó con amplia mayoría un proyecto de ley para legalizar la muerte asistida. Se espera que el Senado, donde una iniciativa similar quedó trabada en 2022, esta vez la respalde. Con ello, Uruguay continuaría su larga tradición liberal y se uniría al reducido grupo de países del mundo que tienen legalizados la marihuana, el matrimonio igualitario y la muerte asistida. Para Pablo, la ley no puede llegar lo bastante rápido.
En Colombia y Ecuador la muerte asistida fue despenalizada tras batallas judiciales. Cuba la declaró legal recientemente también. Ninguno de estos países tiene una ley integral para regularla, por lo que su aplicación es muy limitada. Colombia es el caso más avanzado, pero incluso allí es enmarañada y complicada. Uruguay sería el primer país de América Latina en aprobar una ley integral que legalice la muerte asistida y la haga ampliamente accesible. Los defensores en Chile, donde un proyecto similar está estancado en el Senado, siguen el proceso con atención.
La ley aprobada por Diputados en Uruguay es notablemente liberal, más que la que actualmente se discute en Reino Unido, donde la muerte asistida se limitaría a pacientes con enfermedades terminales que morirán de todos modos en seis meses. El proyecto uruguayo no impone tal restricción temporal. Además, se abre a personas con enfermedades incurables que provoquen sufrimiento insoportable, aunque no sean terminales. Ese es el caso de Pablo, cuya enfermedad es una tortura pero no lo matará pronto.
La iniciativa, no obstante, fija límites. Las condiciones mentales como la depresión no están explícitamente excluidas, pero se requiere que al menos dos médicos determinen que el paciente está psicológicamente apto para tomar la decisión. Los menores quedan excluidos, al igual que las voluntades anticipadas: personas sanas que dejen instrucciones para ser ayudadas a morir en caso de enfermar gravemente e impedirles comunicarse.
La oposición proviene sobre todo de sectores religiosos. Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, teme que, junto con el aborto legal, la muerte asistida esté creando una “cultura de la muerte”. Advierte de “una mentalidad donde la vida es descartable y donde hay vidas que valen la pena y vidas que no”. Algunos argumentan que los cuidados paliativos hacen innecesaria la muerte asistida, al reducir el sufrimiento en la etapa final. Otros agregan que la sedación paliativa, que algunos médicos aplican en Uruguay para aliviar el dolor y que de hecho acelera marginalmente la muerte en los últimos momentos, ya es suficiente.
“No deberíamos tener que esperar”
La frustración de la familia Cánepa ante estas objeciones es palpable. Eduardo, el hermano de Pablo, enumera organizaciones y políticos uruguayos que hacen campaña contra la ley. “Dicen ser empáticos con la vida… pero solo en abstracto”, afirma con la voz quebrada. “Ninguno nos ha llamado, ninguno nos mandó un mensaje para ver si necesitamos algo, para ver si pueden ayudar en algo: absolutamente nada”.
En Uruguay los cuidados paliativos son más accesibles que en la mayoría de América Latina. Pero en la práctica, para Pablo significan dos visitas de media hora a la semana, pese a contar con cobertura pública y privada. Los cuidados paliativos son necesarios, reconoce su hermano Eduardo, pero no sustituyen a la muerte asistida. De hecho, recuerda que en Canadá la gran mayoría de quienes optan por la muerte asistida también reciben cuidados paliativos.
Florencia Salgueiro, referente de la campaña a favor de la ley, conoce de primera mano los límites de la sedación paliativa. Su abuelo y su tío murieron de una enfermedad neurodegenerativa. Luego le tocó a su padre, que falleció en 2020 a los 57 años tras meses de sufrimiento. Los médicos, obedeciendo la ley, rechazaron con pesar sus pedidos de adelantar el final mediante sedación.
Las encuestas estiman que dos tercios de los uruguayos apoyan legalizar la muerte asistida. Sorprendentemente, también lo hace una sólida mayoría de católicos. “Los católicos uruguayos son distintos a los argentinos o brasileños”, admite el arzobispo Sturla. “La secularización [en Uruguay] ha llegado al alma, a la cultura”, lamenta. De hecho, en todos los demás países de América Latina la mayoría de la población se declara cristiana.
El apoyo a la muerte asistida en Uruguay se asienta en una tradición secular y liberal única en la región, promovida por líderes políticos desde temprano. Ya en 1877 se declaró que las escuelas públicas serían gratuitas, obligatorias y laicas, cinco años antes que Francia. La Constitución de 1918 separó explícitamente Iglesia y Estado, una norma que se respeta de forma estricta. La Pascua es oficialmente (y popularmente) llamada “Semana de Turismo”. La Navidad es “Día de la Familia”. La Constitución argentina, en contraste, todavía establece que el gobierno debe “sostener” al catolicismo romano.
El liberalismo en Uruguay es igualmente profundo. En 1907 fue el primer país de América Latina en legalizar completamente el divorcio, 97 años antes que Chile. Más recientemente, en 2012, fue de los primeros en Sudamérica en legalizar plenamente el aborto. En 2013 fue el segundo en aprobar el matrimonio igualitario. Ese mismo año se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la marihuana.
