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Todas las miradas puestas en los voluntarios uruguayos para la eutanasia
“Todavía no quiero usarla. Puedo escribir, salir cuando tengo compañía y disfrutar de un taller literario. Pero sé lo que me espera y no estoy dispuesta a vivirlo”, dijo Gelós Los casos de los uruguayos Pablo Cánepa, de 39 años, y Beatriz Gelós, de 71, han acaparado la atención pública tras la promulgación de la llamada Ley de la Muerte Digna (o Ley de Eutanasia). Ambos padecen enfermedades irreversibles y han manifestado su intención de acogerse a este procedimiento una vez que esté regulado. Sus casos incluso se mencionaron en el debate parlamentario que condujo a la reforma.
Cánepa sufre ataxia cerebelosa idiopática, una enfermedad autoinmune degenerativa sin cura conocida que lo mantiene postrado en cama desde los 35 años. Antes trabajaba como ilustrador, practicaba deportes y vivía de forma independiente. Actualmente, su movilidad se ha reducido al movimiento parcial de los dedos de una mano.
“Estoy tranquilo y seguro de mi decisión. No tengo esperanza. Esto no es vida”, declaró en una entrevista con Clarín. Mónica Silva, madre de Cánepa, relató en una entrevista con Telemundo el momento en que su hijo le pidió ayuda para morir. “Esa frase me partió el corazón. Pero tengo que aceptarlo, porque es adulto y tiene plena autonomía”, dijo.
Beatriz Gelós, quien trabajaba como profesora de español, lleva 19 años luchando contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Fue una de las promotoras más visibles de la iniciativa legal, estando presente en el Parlamento el 12 de agosto, cuando la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley. “He sufrido; merezco una muerte en paz”.
En su testimonio, leído por el congresista Luis Gallo, describió su experiencia con la enfermedad y su deseo de poder decidir cuándo poner fin a su sufrimiento. “Mi vida sería más digna si pudiera asearme, escribir a mano, hablar por teléfono o rascarme”, escribió.
En una conversación con Montevideo Portal, Gelós detalló su historia y sus casi dos décadas viviendo con ELA. “Entiendo que hay situaciones extremas en las que la vida no vale la pena vivirla”. Aunque aclara que no planea solicitar la eutanasia de inmediato, asegura que la existencia de la ley le da tranquilidad. “Todavía no quiero usarla. Puedo escribir, salir cuando tengo compañía y disfrutar de un taller literario. Pero sé lo que me espera y no estoy dispuesta a vivirlo”, dijo.
Tras la reciente aprobación de la legislación uruguaya sobre el final de la vida, las autoridades sanitarias tienen ahora la tarea de desarrollar el marco regulatorio necesario para su implementación. Esto incluye establecer protocolos detallados, procedimientos de consentimiento y programas de capacitación para el personal médico. Se espera que el proceso dure varios meses, durante los cuales se implementarán salvaguardias para garantizar que todas las evaluaciones e intervenciones se ajusten estrictamente a las normas de seguridad y ética establecidas en la ley. Las autoridades buscan prevenir cualquier riesgo de arbitrariedad o mala interpretación.
La implementación en Uruguay será monitoreada de cerca por los países vecinos, muchos de los cuales apenas comienzan a debatir medidas similares. Se prevé que la aplicación práctica de la ley —como el volumen de solicitudes, la demografía de los pacientes y la solidez de los mecanismos de supervisión— aporte información crucial para los debates internacionales sobre bioética y marcos legales. En este contexto, la experiencia de Uruguay se perfila como un caso de estudio regional en el discurso en evolución sobre los derechos al final de la vida.
