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Un tribunal de EE.UU. condena a 45 años de cárcel a un ex presidente hondureño
El juez calificó a Hernández de “político de dos caras hambriento de poder” que protegía a ciertos traficantes El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue condenado a 45 años de cárcel por un Tribunal Federal de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York, lo que en términos prácticos lo mantendrá tras las rejas por el resto de su vida. La pena mínima establecida por ley era de 40 años.
Hernández, de 55 años, que fue extraditado tras cumplir su mandato, fue declarado culpable en marzo de conspiración para importar cocaína, además de posesión de armas de fuego. La decisión del juez de distrito Kevin P. Castel de imponerle 45 años de prisión más cinco años de libertad condicional le convirtió en el primer ex mandatario de un país centroamericano condenado en un tribunal estadounidense por este tipo de delitos. Castel también le impuso una multa de 8 millones de dólares y lo calificó de “político de dos caras hambriento de poder” que protegía a ciertos traficantes. Su defensa dispone de 14 días para apelar.
Hernández fue detenido en su casa de Tegucigalpa, tres meses después de concluuir su segundo mandato consecutivo en 2022, y extraditado a EE.UU. en abril de ese año. Su hermano y ex diputado Juan Antonio “Tony” Hernández fue condenado a cadena perpetua en marzo de 2021 también por narcotráfico.
Según la fiscalía, Hernández había actuado en connivencia con narcotraficantes desde 2004, aceptando millones de dólares en sobornos, por lo que solicitó la cadena perpetua alegando que disuadiría a otros traficantes y funcionarios corruptos.
“Hernández hizo más para combatir el narcotráfico en Honduras que cualquier otro presidente antes o después”, dijo su abogado, Renato Stabile, quien solicitó una sentencia máxima de 40 años e indicó que Hernández apelaría.
Sin embargo, el acusado admitió que cierto dinero del narcotráfico había circulado en los principales partidos políticos de Honduras, aunque negó haber aceptado personalmente sobornos y afirmó que las acusaciones procedían de traficantes convictos que buscaban vengarse de sus políticas antidroga. También cuestionó la imparcialidad del juicio y afirmó que se habían excluido pruebas críticas.
El jurado lo condenó en marzo basándose en pruebas de que utilizó dinero del narcotráfico para manipular las elecciones en 2013 y 2017.
