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La CIDH habla de ejecuciones extrajudiciales y de una masacre en Perú
La presidenta Dina Boluarte insistió en negar cualquier responsabilidad en la muerte de los manifestantes La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó esta semana un informe en el que menciona ejecuciones extrajudiciales en Perú y utiliza la palabra “masacre” para referirse a la represión policial contra manifestantes tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo Terrones, el 7 de diciembre.
El organismo exige que se castigue a los responsables y sugiere que las investigaciones tengan “un enfoque étnico-racial”, ya que la mayoría de las víctimas fueron indígenas y campesinos de las zonas andinas. ”La respuesta del Estado (a las protestas) se caracterizó por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza“, señala el informe.
La CIDH denuncia disparos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes y contra personas que no participaban en las manifestaciones, incluso contra brigadistas de salud que atendían a los heridos, lo que ”podría constituir ejecuciones extrajudiciales“.
El informe también especifica que las protestas y la represión se han producido ”en un marcado contexto de discriminación histórica por origen étnico-racial y situación socioeconómica“, fundamentalmente contra la población indígena, y en un marco de ”fuerte tensión“ entre Lima y otras regiones, especialmente las del sur andino.
El documento denuncia una campaña de estigmatización al acusar de ”terroristas“ y ”violentos“ a los movilizados contra el gobierno. La estigmatización se extendió a quienes denuncian violaciones de los derechos humanos.
Desde que estallaron las protestas tras la destitución y encarcelamiento de Castillo, 49 personas han muerto por disparos de la policía y el ejército. El número total de muertos en las protestas asciende a 67. Hay más de mil heridos y numerosas detenciones arbitrarias.
El informe de la CIDH se centra en las matanzas del 15 de diciembre de 10 personas en Ayacucho y del 9 de enero de 18 manifestantes en Juliaca. La CIDH admite que hubo actos de violencia por parte de algunos manifestantes que intentaron tomar los aeropuertos de ambas localidades, pero denuncia que se disparó contra vecinos desarmados lejos de los aeropuertos, por lo que se trató de una acción ”de carácter persecutorio“.
El informe también sugiere que se disparó a matar, apuntando a ”órganos vitales“. Las víctimas recibieron disparos en la cabeza, el tórax, el abdomen o la espalda, según confirmaron las autopsias. ”Estos actos, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales“, denuncia la CIDH y añade que estas ”múltiples privaciones del derecho a la vida“ podrían calificarse ”como una masacre.“
Se repasan testimonios de familiares de víctimas que han resultado heridas por la represión, denunciando que son discriminados en los centros de salud por haber participado en las protestas y por ser indígenas.
”La Comisión condena enérgicamente el uso indiscriminado de la fuerza por medio de armas de fuego contra la población desarmada por parte de agentes del Estado peruano“, reza el informe de la CIDH. Entre sus recomendaciones, exige reparaciones integrales para las víctimas y sus familiares, incluyendo el acceso a la justicia y el derecho a la verdad, la atención a su salud física y mental, y reparaciones pecuniarias. La organización exige una investigación ”pronta, seria, eficaz e independiente“ a cargo de fiscales especializados en derechos humanos, juicios con jueces independientes y castigo para los culpables.
La presidenta Dina Boluarte respondió que su gobierno respeta los derechos humanos y promueve el diálogo y la paz social e insistió en negar cualquier responsabilidad en las muertes por la represión y volvió a culpar de las muertes a los manifestantes.
”Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de 'masacre'”, dijo.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha pedido a Canadá que deje de exportar armas de fuego a Perú ante la “violenta represión” de las autoridades peruanas contra las protestas. Un informe de la organización concluye que las fuerzas armadas y la policía peruanas han hecho un uso “ilegítimo y a veces indiscriminado de la fuerza letal y de medios menos letales contra manifestantes, especialmente contra indígenas y campesinos y agricultores”.
“A menos que suspenda inmediatamente las exportaciones de armas a Perú, Canadá se arriesga a facilitar nuevos ataques mortales y racistas contra los manifestantes y sus derechos a la libertad de expresión y reunión”, afirmó en un comunicado la directora ejecutiva de AI en Perú, Marina Navarro.
“Seguir vendiendo armas a Perú suscita preocupación sobre el cumplimiento por parte de Canadá de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”, añadió.
