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Comparan a El Salvador con Nicaragua por su política de derechos humanos
Bukele afirma que con estos poderes especiales está cerca de ganar la guerra contra las pandillas Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la situación actual en El Salvador, donde la desaparición del Estado de Derecho se está convirtiendo en la nueva “norma”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha lanzado una advertencia al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, recordándole que es su deber respetar los derechos humanos, con lo que la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, se mostró de acuerdo, afirmando que El Salvador es signatario del Estatuto de Roma y, como tal, debe someterse a la Corte Penal Internacional (CPI).
La CIDH recordó a Bukele que el estado de sitio o estado de excepción que parece decidido a prolongar ad infinitum no es legítimo e instó a las autoridades a respetar el principio del debido proceso y a poner fin al maltrato y las muertes de los deenidos.
Según Guevara, el actual estado de cosas en El Salvador “termina por desmantelar las instituciones del Estado y el Estado de Derecho”. El país lleva más de dos meses bajo este régimen de excepción tras una escalada de asesinatos a finales de marzo atribuidos a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha (MS13).
Bukele asegura que con estos poderes especiales está cerca de ganar la “guerra” contra las pandillas, con más de 37.000 detenciones, de las cuales, sostiene, el 1% podría ser un “error”.
Los defensores de los derechos humanos han recogido 1.123 denuncias de abusos, principalmente detenciones arbitrarias de personas que dicen no tener vínculos con las llamadas maras, de las cuales 24 han muerto mientras estaban detenidas. La Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) ha recibido otras 700 denuncias, se informó.
Guevara Rosas presentó en El Salvador los resultados preliminares de una investigación que concluyó que en el país centroamericano se están cometiendo “graves violaciones” a los derechos humanos.
“La conclusión preliminar más preocupante es que estos regímenes de excepción, estas prórrogas no son la excepción sino que se convierten en la norma y esto termina por desmantelar la institucionalidad del Estado y el Estado de Derecho”, dijo Guevara a EFE.
Para aprobar la solicitud de poderes extraordinarios de Bukele, los legisladores sólo tuvieron que asentir, ya que no hubo estudios ni debate parlamentario en un Congreso dominado por el partido Nuevas Ideas (NI), que tiene mayoría absoluta y es liderado por un primo del presidente. El actual presidente del Congreso es un antiguo ayudante de Bukele.
Guevera añadió que incluso antes del régimen de excepción, “ya veníamos dando la alerta mundial sobre signos significativos y emblemáticos de una descomposición de las instituciones del Estado, de un desmantelamiento del Estado de Derecho, de una imposibilidad de ejercer la defensa de los derechos humanos y del periodismo independiente”.
También señaló que las reformas penales introducidas en este marco legal “generan la tormenta perfecta para un contexto de violaciones de los derechos humanos”.
El discurso oficial de Bukele muestra “una total intolerancia a la crítica constructiva y al escrutinio internacional, que han sido signos muy graves en otros países del continente”, añadió.
Guevara se refirió a Bukele como uno de esos “líderes autoritarios que imponen el control absoluto del poder”.
“Sin duda, vemos signos muy similares a los que hemos visto en países como Nicaragua”, subrayó.
Guevara Rosas insistió en que la investigación de AI había documentado “múltiples violaciones de los derechos humanos”, como “detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso o de la presunción de inocencia”.
También señaló que hubo “denuncias de tortura” y “muertes ocurridas bajo custodia”, lo que también “representa una enorme preocupación por lo que significa para el ejercicio de los derechos”.
Al presentar las conclusiones de la investigación, Guevara Rosas dijo que este tipo de estudios se realizan siempre que se sospecha que en un país se producen violaciones sistemáticas de derechos y que “la política implementada por el gobierno podría dar lugar a una responsabilidad penal internacional”.
Consultada sobre si la responsabilidad recaería directamente sobre el presidente Bukele, Guevara respondió que “eso tendría que determinarse a través de las investigaciones”.
“El Salvador, al firmar y ratificar el Estatuto de Roma, es uno de los Estados miembros que se somete a la Corte Penal Internacional”, señaló también Guevara.
La Constitución salvadoreña establece explícitamente un orden republicano basado en la separación de poderes a través de contrapesos institucionales para garantizar unos mínimos legales que han sido violados sistemáticamente desde el 1 de mayo del año pasado, cuando el Legislativo aprobó los proyectos de ley de Bukele en relación con el Poder Judicial y también hundiendo más al país en la deuda, subrayó la CIDH.
