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Juez argentino anula protocolo antipiquete
Mientras se interpongan apelaciones, las fuerzas de seguridad federales enfrentan una gran incertidumbre sobre cómo manejar las manifestaciones callejeras Un juez federal de Buenos Aires declaró este lunes la nulidad del controvertido “protocolo antipiquete” del gobierno argentino, lo que desató un importante enfrentamiento legal y político entre el poder judicial y el Ministerio de Seguridad.
El juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, accedió a una medida cautelar colectiva interpuesta por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con el apoyo de una amplia coalición de sindicatos y organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional. El fallo invalida la Resolución 943/23, una política fundamental del gobierno del presidente Javier Milei, diseñada para impedir que los manifestantes bloquearan las calles.
El juez Cormick argumentó que el Ministerio de Seguridad se extralimitó al regular derechos fundamentales mediante una simple resolución en lugar de hacerlo a través del Congreso. El magistrado afirmó que el protocolo “asume subrepticia pero efectivamente facultades legislativas”, modificando el Código Penal y la ley orgánica de la policía. El fallo enfatizó que los derechos de protesta y reunión (Artículo 14 de la Constitución) solo pueden ser regulados por leyes promulgadas por el Congreso Nacional. Por lo tanto, Cormick concluyó que el protocolo carecía de los elementos esenciales de un acto administrativo válido, lo que lo hacía “manifiestamente ilegítimo”.
También abrió la puerta a litigios civiles, estableciendo que las personas perjudicadas por las acciones policiales durante la aplicación del protocolo, incluidas las lesionadas durante las recientes manifestaciones, deben presentar denuncias penales individuales.
Organizaciones de derechos humanos y sindicatos celebraron la decisión como una “victoria colectiva”.
“El Ministerio de Seguridad legisló mediante una resolución para restringir al máximo el derecho a la protesta, eludiendo al Congreso y al Poder Judicial”, señaló el CELS.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores Estatales ATE, Rodolfo Aguiar, celebró el restablecimiento de las garantías constitucionales. Si los tribunales hubieran actuado antes, “se podrían haber evitado más de 1400 heridos en manifestaciones”, enfatizó.
La administración de Milei manifestó de inmediato su intención de impugnar el fallo. “SIN PROTOCOLO NO HAY ORDEN, HAY CAOS”, publicó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en X. “No daremos un paso atrás”, añadió. “Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, legales y operativos. Lo defenderemos a toda costa porque es la herramienta que devolvió el orden y la tranquilidad a los argentinos”.
“Un juez ha emitido un fallo que intenta socavar el Protocolo Antipiquetes. Esta medida se alinea con la vieja política de no querer la paz ni el orden en Argentina”, argumentó.
El fallo está abierto a apelaciones. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad federales enfrentan una gran incertidumbre jurídica sobre cómo manejar las manifestaciones callejeras.
