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Uruguay y Argentina ratifican el acuerdo Mercosur-UE y dejan la entrada en vigor en manos de Bruselas
En Argentina, el Senado ratificó el acuerdo por 69 votos a favor y 3 en contra, tras la aprobación previa en Diputados Uruguay y Argentina ratificaron este jueves en sus respectivos parlamentos el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, convirtiéndose en los primeros socios fundadores del bloque sudamericano en completar ese paso legislativo. La posibilidad de que el tratado empiece a aplicarse dependerá ahora de decisiones en la UE, mientras continúa un proceso de revisión jurídica impulsado desde el Parlamento Europeo.
Firmado en Asunción el 17 de enero, tras 25 años de negociaciones intermitentes, el acuerdo prevé una eliminación gradual de aranceles que alcanzaría al 92% del comercio bilateral, con un calendario diferenciado por sectores. Promotores del pacto lo presentan como el mayor entendimiento comercial del Mercosur desde su creación en 1991, con un mercado potencial de más de 700 millones de personas.
Votos y próximos pasos en el Mercosur
En Uruguay, la Cámara de Representantes aprobó la ratificación por 91 votos a favor y 2 en contra, después del aval del Senado. En Argentina, el Senado ratificó el acuerdo por 69 votos a favor y 3 en contra, tras la aprobación previa en Diputados.
Desde Montevideo, el canciller uruguayo Mario Lubetkin subrayó que el Mercosur “cumplió su parte” y planteó que la UE enfrenta ahora “una buena responsabilidad” sobre cómo proceder.
Brasil y Paraguay avanzan en sus propios trámites. La Cámara baja brasileña aprobó el texto el 25 de febrero y la ratificación completa en ese país quedará sujeta al Senado; en Paraguay, el oficialismo anticipa una votación a comienzos de marzo.
Impacto previsto en Uruguay
El gobierno uruguayo defendió el acuerdo por el peso de la UE en su comercio exterior: en 2025 fue el tercer destino de las exportaciones de bienes del país, detrás de China y Brasil, según Uruguay XXI. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó que, una vez implementado, el pacto podría sumar 1,5 puntos porcentuales al PIB, elevar exportaciones en torno al 4% y tener efectos positivos —aunque modestos— sobre empleo y salario real.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, sostuvo ante el Senado que el tratado tendría un “efecto positivo neto” en el mediano y largo plazo, pero advirtió que durante la transición “habrá actividades” que podrían verse afectadas.
Bruselas y la opción de una aplicación provisional
La discusión en la UE se mueve en paralelo a un pedido del Parlamento Europeo para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea opine sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados comunitarios, un trámite que puede demorar la ratificación plena. En este contexto, dirigentes europeos han mencionado la posibilidad de una aplicación provisional de partes del acuerdo mientras avanzan los pasos reglamentarios.
Sudamérica espera, además, definiciones políticas sobre el alcance y el calendario de cualquier aplicación provisional. La sensibilidad agrícola sigue siendo un foco de resistencia en varios países europeos, mientras otros gobiernos, como los de Alemania y España, han respaldado públicamente el entendimiento.
Argentina: aval a Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la UE
En la misma jornada, el Senado argentino aprobó el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea por 38 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Desde el oficialismo defendieron su designación por la importancia del vínculo con Europa; desde la oposición, senadores cuestionaron su perfil para la tarea diplomática.
Durante el debate, se mencionaron objeciones sobre expresiones públicas de Iglesias en relación con la postura histórica argentina sobre la soberanía de las Islas Falkland, según intervenciones de legisladores citadas por la prensa local.
Reforma de la Ley de Glaciares y protestas
Tras la ratificación del acuerdo comercial, el Senado argentino abrió el debate sobre una iniciativa para modificar la ley de 2010 que protege glaciares y limita actividades extractivas en áreas aledañas. El proyecto plantea cambios sobre el alcance de la protección en zonas periglaciares, en un contexto de presión de gobernadores cordilleranos y de movilización de organizaciones ambientalistas.
En las horas previas, al menos una docena de activistas de Greenpeace fueron detenidos durante una protesta en las inmediaciones del Congreso contra la reforma, de acuerdo con reportes periodísticos y la propia organización.
