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Argentina aprueba bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad penal
Patricia Bullrich sintetizó el enfoque del gobierno con la frase: “En la Argentina del orden, el que las hace, las paga”, al defender la reforma como una respuesta a la inseguridad La Cámara de Senadores de Argentina convirtió en ley este viernes una reforma que reduce de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad penal, una de las principales iniciativas de “mano dura” impulsadas por el presidente Javier Milei. La norma fue aprobada por 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, tras haber recibido media sanción de Diputados la semana anterior.
La ley habilita que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser procesados y juzgados por delitos penales y, si se prueba su responsabilidad, recibir penas de privación de libertad de hasta 15 años. En el debate oficialista se repitió el argumento de “delito de adulto, pena de adulto”, mientras que sectores opositores advirtieron sobre efectos contraproducentes del encarcelamiento temprano y sobre la capacidad de las provincias para implementar el nuevo régimen.
La senadora oficialista Patricia Bullrich sintetizó el enfoque del gobierno con la frase: “En la Argentina del orden, el que las hace, las paga”, al defender la reforma como una respuesta a la inseguridad. Desde La Libertad Avanza, la senadora Nadia Márquez calificó el régimen vigente como “arcaico” y cuestionó que se atribuya inmadurez a jóvenes que cometen delitos.
La oposición peronista y otros bloques señalaron que la medida prioriza el castigo por sobre políticas integrales. La senadora Alicia Kirchner sostuvo que “la edad no es el problema” y pidió enfocarse en adicciones y salud mental. En la misma línea, el senador Martín Soria alertó que, con recortes y limitaciones de infraestructura, “van a meter a los chiquitos en cualquier lado”.
En paralelo al trámite legislativo, UNICEF difundió un posicionamiento sobre justicia penal juvenil en el que desaconseja reducir edades mínimas y enfatiza un enfoque socioeducativo con garantías, reparación y reintegración, reservando el encierro como recurso excepcional. También obispos de comisiones de Pastoral Social, Pastoral Carcelaria y Cáritas cuestionaron públicamente la reforma y pidieron priorizar políticas de prevención, educación y salud mental.
Datos oficiales de la Corte Suprema indicaron que en el primer semestre de 2025 se iniciaron causas penales contra 945 niños, niñas y adolescentes en la Justicia Nacional de Menores, mayoritariamente varones y con predominio de delitos contra la propiedad.
