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Bolivia: gobierno de Áñez buscó ayuda militar de EE UU y Reino Unido

Miércoles, 8 de diciembre de 2021 - 09:58 UTC
Áñez permanecerá en la cárcel por las acciones ilegales de su administración. Áñez permanecerá en la cárcel por las acciones ilegales de su administración.

La ex presidenta interina Jeanine Áñez había solicitado asistencia militar a las embajadas de los Estados Unidos y el Reino Unido “para reprimir al pueblo boliviano”, dijo este martes el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

“Todas estas armas y equipos solicitados por otras autoridades iban a ser utilizados, presuntamente, para reprimir al pueblo boliviano”, afirmó Ríos mientras mostraba cartas enviadas en ese momento a las misiones diplomáticas pidiendo “equipos y armas”, medida que se asemeja a ese tipo de asistencia (armas y gases lacrimógenos) que presuntamente brindaron Argentina y Ecuador en los días previos a la renuncia del expresidente Evo Morales y el posterior acceso de Áñez al poder.

Una vez en el cargo, el gobierno de Áñez envió el 8 de mayo de 2020 una nota al Encargado de Negocios de Estados Unidos, Bruce Williamson: “Le pido que atienda el pedido que menciono en referencia para defender la integridad del pueblo boliviano y su territorio”. La misma nota menciona “nueve hojas de asignación de equipo, descripción y justificación”, pero no se han proporcionado más detalles sobre esta carta en particular.

El 25 de septiembre de 2020, el gobierno escribió al embajador británico Jeff Glekin solicitando “pistolas, cartuchos, granadas de gas, uniformes completos, máscaras antigás, gafas de noche, térmicas, binoculares, cascos, trajes de protección y equipos importantes para la policía boliviana para defender la integridad del pueblo, su territorio y su seguridad”, sostuvo Ríos mientras explicaba que se habían solicitado las notas originales así como los anexos que en ellas se mencionan.

Ríos también esperaba que las misiones diplomáticas presentaran información sobre las respuestas ante esas solicitudes. También explicó que su oficina ”no tiene la autoridad para solicitar ese tipo de equipo que utilizan las misiones especiales de la policía boliviana“.

El funcionario señaló además que el tipo de equipo mencionado en las notas ”no es el que suele utilizar la policía boliviana para atender los conflictos“, lo que ”da indicios claros de que todo este armamento y equipo solicitado por otras autoridades iba a ser, presuntamente, para reprimir al pueblo boliviano”.

Según Ríos, estos esfuerzos por obtener armas antes de las elecciones de octubre de 2020, donde el actual presidente Luis Arce era el favorito, eran parte de un segundo golpe de Estado que incluía mercenarios extranjeros. Informes de prensa habían mencionado un levantamiento para ratificar lo que se había hecho en 2019 contra Morales. Documentos y grabaciones de llamadas telefónicas presuntamente vinculan al exministro de Defensa Luis Fernando López con un plan “para traer sicarios y paramilitares colombianos y venezolanos” a Bolivia para evitar que se celebren las elecciones o que Arce asuma el cargo.

En octubre de este año, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que los grupos paramilitares que participaron en el “intento de asesinato” en Bolivia durante 2020 también habían estado involucrados en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el 7 de julio de este año.

Los expresidentes de Argentina Mauricio Macri y de Ecuador Lenín Moreno también están bajo investigación por su presunta asistencia a tal revuelta militar en Bolivia, luego de suministrar equipos utilizados en las represiones de Sacaba y Senkata de 2019. En ese momento, Áñez firmó un decreto que excluía al personal militar de la responsabilidad penal por sus acciones “para restablecer el orden interno y la estabilidad pública”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en agosto de este año que durante la crisis de 2019 se produjeron violaciones de derechos humanos muy graves, entre ellas “ejecuciones sumarias, masacres, racismo, tortura y agresiones sexuales”.

En tanto, un juez negó este martes a Áñez una petición de arresto domiciliario para cumplir la detención preventiva dictada en su contra por el caso “Golpe de Estado I”. La defensa de Áñez ha interpuesto recurso de apelación contra esta decisión. Fue detenida en marzo por terrorismo, sedición y conspiración. Durante su comparecencia ante el tribunal, Añez insistió en que era una presa política. Pero incluso si le hubieran concedido arresto domiciliario, Añez habría permanecido en el penal de Miraflores, puesto que también se encuentra en prisión preventiva en el caso denominado “Golpe de Estado II”.