No es la primera vez que Washington interviene a favor de Buenos Aires en esta causa El gobierno de Estados Unidos presentó un nuevo memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en respaldo de la petición argentina para suspender el proceso de discovery posterior a la sentencia en el caso por la expropiación de YPF. La Procuración del Tesoro informó que el escrito apoya la moción de emergencia presentada por Argentina el 6 de marzo para frenar la producción de documentos, un pedido de sanciones y una audiencia probatoria prevista para abril.
Según el gobierno argentino, el Departamento de Justicia sostuvo que los requerimientos impulsados por los demandantes son “excesivamente intrusivos” y plantean problemas de cortesía internacional, reciprocidad y política exterior. La posición de Washington es que, cuando el litigio involucra a un Estado soberano, los tribunales deben ponderar no solo la relevancia procesal de la prueba, sino también sus posibles efectos diplomáticos y el trato recíproco que podría recibir Estados Unidos en tribunales extranjeros.
El punto más sensible del litigio gira en torno al alcance del discovery exigido por los fondos demandantes. Argentina ha cuestionado pedidos de información sobre comunicaciones de altos funcionarios y sobre la ubicación de activos soberanos, incluidas reservas de oro del Banco Central, al sostener que esas exigencias exceden los límites razonables de ejecución contra un Estado extranjero. La solicitud argentina busca congelar esa etapa mientras sigue abierta la apelación principal sobre la sentencia y otras medidas de ejecución.
No es la primera vez que Washington interviene a favor de Buenos Aires en esta causa. A fines de febrero, el Departamento de Justicia ya había presentado otro escrito para rechazar pedidos de desacato y cuestionar la amplitud del discovery, en una señal de continuidad institucional más allá de la fase estrictamente comercial del caso. Bloomberg Law informó entonces que Estados Unidos advirtió sobre el impacto que medidas de ejecución agresivas contra Argentina podrían tener sobre sus propios intereses soberanos en litigios futuros.
El trasfondo sigue siendo el fallo por US$ 16.100 millones dictado en 2023 por la jueza Loretta Preska por la nacionalización de YPF en 2012. Argentina apeló esa sentencia y también otras órdenes vinculadas a la eventual entrega de su participación controlante en la petrolera. Reuters recordó en octubre que el Segundo Circuito revisa tanto la condena principal como órdenes complementarias de ejecución, en un caso que se ha convertido en uno de los litigios soberanos más relevantes para la administración de Javier Milei.