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Comité del Congreso de Perú declara a Evo persona non grata
Se dice que Morales busca un paso al Océano Pacífico a través del territorio peruano. Un comité del Congreso de Perú acordó este lunes declarar al ex presidente boliviano Evo Morales persona non grata por entrometerse en la política interna, se anunció.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó “Declarar a Juan Evo Morales Ayma persona non grata en nuestro país por su activismo político negativo en el Perú y su evidente injerencia y en la agenda política, social y económica del gobierno del Perú, claramente perjudicial para los intereses del pueblo peruano; instando a las autoridades competentes a prohibir su entrada a nuestro país con estos fines“.
El documento sostiene que Morales visitó Perú en julio de 2021 bajo la protección y los servicios del propio Gobierno peruano para ofrecer ”declaraciones ingratas“ que ”advierten de su propia agenda de acuerdo con intereses extranjeros“.
Asimismo, “Morales viene anunciando una reunión para el 20 y 21 de diciembre de 2021 en la ciudad del Cusco, bajo el nombre de una plataforma regional denominada Runasur, sin conocer oficialmente el significado del patrocinio de las autoridades nacionales, demostrando un total falta de respeto al pueblo peruano”.
El bloque del Congreso de Renovación Popular desaprueba al Runasur porque ”sería parte de una estrategia del Foro de Sao Paulo para desmembrar al Perú“. De ahí la moción de declarar a Morales a persona non grata, que fue aprobada este lunes.
Según PR, la convención del 20 y 21 de diciembre en Cusco ”es parte de la estrategia geopolítica de Evo Morales para desmembrar el sur de Perú, el norte de Chile y crear 'la gran patria'“, que a su vez sería el objetivo del Foro de Sao Paulo.
Los diputados peruanos dijeron que Runasur buscaba reemplazar al Macrosur peruano, que incluye las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Puno, Moquegua y Tacna y ”en el mediano plazo vincularlas con Bolivia y el norte de Chile para obtener su tan esperado acceso al Océano Pacífico“.
Adicionalmente, se dice que como parte de la creación de la “gran patria” se está impulsando la instalación de asambleas constituyentes que legalicen la multinacionalidad. El objetivo sería ”construir una unidad económica rica en recursos minerales y tierras fértiles en el litoral costero con acceso a los mercados internacionales“. Finalmente, se rechaza el supuesto vínculo con el narcotráfico de los cocaleros bolivianos ”que hoy buscan difundirse en el Perú“.
Una moción anterior para declarar a Morales Ayma persona non grata presentada el 19 de agosto había sido rechazada.
Morales había convocado a líderes regionales a la reunión de Cusco durante su estancia en Buenos Aires. ”Como Runasur, aprobamos la Declaración de Buenos Aires en la que rechazamos las acciones intervencionistas de Estados Unidos en complicidad con organismos internacionales que buscan desestabilizar la democracia de nuestra región y ratificar la defensa de nuestra soberanía y recursos naturales“, había dicho Morales a través de Twitter.
La ”Declaración de Buenos Aires“ también establece que ”Los gobiernos o pueblos revolucionarios que defienden la soberanía de sus recursos son sometidos a sanciones económicas, golpes de estado que rompen las instituciones democráticas y establecen políticas de racismo y fascismo para exterminar a los pueblos”.
“Runasur es el mecanismo de integración plurinacional entre pueblos indígenas, afrodescendientes, organizaciones sociales, sindicales, territoriales y movimientos sociales de la región que busca resolver la deuda histórica con los pueblos”, había dicho Morales en Buenos Aires.
Runasur está concebido para reemplazar a la desmantelada Unasur creada en 2008 bajo la influencia del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, y apoyada por el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el argentino Néstor Kirchner, el ecuatoriano Rafael Correa y también Morales.
La crisis en la organización comenzó en 2017 cuando los doce estados miembros no pudieron ponerse de acuerdo sobre un nuevo secretario general, situación que se vio agravada por las posiciones conflictivas sobre la crisis venezolana. La situación se tornó crítica cuando en abril de 2018 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú suspendieron su participación y financiamiento.
