En medio de la inestabilidad y desconfianza que reina en los mercados argentinos, el kirchnerismo se preocupó por hacer llegar a los fondos de inversión y bancos internacionales un mensaje claro. Este era simple y directo, y acorde con lo que se vivió en los últimas jornadas: que en un eventual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no habrá default.
De paso explicaron que según la visión de la casi segura candidata presidencial, la crisis generada desde el jueves de la semana pasada (cuando comenzaron a caer las acciones argentinas en Wall Street y a subir el riesgo-país medido por el JP Morgan) ello fue un boomerang de la fallida estrategia del macrismo de hacer circular encuestas donde el presidente se veía perdidoso en una eventual segunda vuelta.
Los embajadores de la posición opositora fueron varios, pero encabezados por el exjefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ex viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis. Ambos llevaron el mensaje que, desde Cuba, se transmitió entre el martes y el miércoles; y que versaba sobre las medidas que tomaría el kirchnerismo en caso de volver al poder. Especialmente aquellas en las que desde el macrismo se insistió en las últimas jornadas.
El primer concepto que se intentó transmitir es que un eventual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner respetará tanto la deuda emitida por la gestión de Mauricio Macri como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La argumentación para que los interlocutores crean el mensaje, fue que durante la gestión kirchnerista, todos los vencimientos fueron respetados, y que no se incurrió en ningún default de deuda privada voluntaria, ni local ni del exterior.
Se mencionó, además, que la situación actual del pasivo emitido durante el Gobierno de Mauricio Macri no puede ser relacionado con el default declarado en diciembre de 2001 por Adolfo Rodríguez Saa, donde se incluían además muchos títulos públicos emitidos durante la última dictadura militar lo que, según la visión kirchnerista, justificaba políticamente una negociación amplia y dura.
Según la argumentación, la nueva deuda fue contraída por un gobierno democrático asumido con el voto popular y luego del canje de deuda más grande de la historia mundial, protagonizado además en dos etapas del kirchnerismo. Este pasivo tiene entonces, a los ojos del kirchnerismo, una legitimidad diferente con la del anterior default. Lo que no quiere decir que en la deuda de corto y mediano plazo, no pueda haber algún llamado a renegociación de vencimientos, pero de manera voluntaria y de “buena fe” entre las partes.
No hubo mayores precisiones sobre la profundidad y velocidad de esas eventuales negociaciones, pero hubo insistencia en la frase “buena fe”.
Se habló también de si habría restricciones al acceso y flexibilidad en el manejo de divisas. O, más directamente, si se piensa en un nuevo cepo. El mensaje que quedó para los interlocutores es que el esquema en que están pensando no es el cepo inaugurado en 2011, pero sí un perfeccionamiento de la idea original de la medida. Esto es, volver al proyecto original del cepo, por el cual sólo se podrían comprar dólares según el nivel de ingreso registrado de las personas y empresas.
Este esquema, que en realidad nunca se pudo terminar de elaborar con eficiencia y fue luego superado por las sucesivas alternativas y variantes del cepo modelo 2013, sería una fórmula que se estaría elaborando en los laboratorios económicos K. En el caso de la rentabilidad de las empresas y la posibilidad de remitir remesas al exterior (el aspecto más criticado del cepo), se prometió no volver al esquema con que terminó el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y trabajar sobre beneficios en el caso que esa rentabilidad sea reinvertida.
También se habló sobre la vigencia de la idea de respetar la meta de déficit cero y equilibrio fiscal iniciada por el macrismo, aprovechando incluso el impulso que le imprimió la actual gestión de Nicolás Dujovne, pero con una extensión más larga en el tiempo que el programa actual. Si bien no hay precisiones de tiempos, la intención es elaborar un plan que supere los 6 meses propuestos por el actual Ministerio de Hacienda, y que se extienda en un plazo mayor pero creíble.
Como sorpresa también se habló de la necesidad de reducir la presión impositiva al ritmo de la reducción del déficit fiscal comenzando por sectores productivos y eliminando la última saga de retenciones a las exportaciones aplicada desde el año pasado.
Sobre el acuerdo con el FMI, se aseguró que se respetará y que se abrirá una nueva ronda de negociaciones para intentar modificar el stand by actual, por un acuerdo de facilidades extendidas. Esto es, pasar del pacto de cuatro años a uno de 10.
Se sabe que desde el organismo financiero se reclamarán reformas que políticamente serán difíciles (casi imposibles) de plantear dentro del kirchnerismo, como la laboral y la previsional. Sin embargo la intención, al menos lo que se le dijo a los interlocutores es que primero hay que sentarse a negociar. Como para demostrar que desde este costado de la oposición hay “buena fe”, hubo un gesto personal de Alvarez Agis hacia el Gobierno de Mauricio Macri.
El ex viceministro de Economía se comunicó personalmente con integrantes del equipo económico para ponerse a disposición y aclarar que desde el kirchnerismo no se está proponiendo ningún default, ni un llamado a renegociar la deuda a cambio de una quita. Según las versiones opositoras, las mismas autoridades le comunicaron a Alvarez Agis que no era necesario y que estaba clara su posición.