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Gobierno de Bolivia quiere legislar rol de las redes sociales, tras derrota de Morales

“Alguien dijo: las redes sociales son como una alcantarilla y por ahí toda la basura se va, así son más o menos las redes sociales”, se quejó Morales

El oficialismo en Bolivia discute la idea de legislar sobre el rol de las redes sociales, que según el presidente Evo Morales se usaron para difamarlo y tuvieron responsabilidad en su derrota en el referendo que lo imposibilitará ser reelecto.

 El mandatario en el poder desde 2006 y a quien se le cerró la posibilidad de candidatear para la gestión 2020-2025, culpó al “imperio y a las redes sociales” por el resultado de la consulta, con el 51,29% de los votos en contra, al 99,82% de votos escrutados.

“Alguien dijo: las redes sociales son como una alcantarilla y por ahí toda la basura se va, así son más o menos las redes sociales, que dan mensajes anónimos y no se identifican”, señaló este viernes el mandatario en un acto público.

“Vamos a respetar las redes sociales, es una forma de comunicación. Ahora hay que ver cómo evitar que nos estén acusando, difamando con mentiras, sin identificarse, eso deberíamos discutir todos” , consideró en rueda de prensa.

Las redes sociales, principalmente Twitter y Facebook, se pusieron muy activas en los días previos a la consulta, durante y después, de ciudadanos comunes que desplegaron fuertes críticas al jefe de Estado y a la gestión de gobierno. Los opositores de partidos también alimentaron el fuego.

“Tomaron las redes sociales y nosotros no somos expertos en redes sociales, ahí nos hicimos ganar y vamos a enfrentar esas redes sociales”, complementó Morales aunque indicó que sus funcionamientos “están garantizados” . El oficialismo -como ministros, dirigentes políticos y sindicalistas- también la emprendió contra las redes.

Morales se vio afectado, principalmente, por las revelaciones del periodista Carlos Valverde, quien indicó que su ex-pareja, Gabriela Zapata, trabaja como gerente comercial en la empresa china CAMC que se adjudicó contratos por unos 560 millones de dólares para ejecutar varias obras en el país.

El caso recorrió como regadero de pólvora en internet, pues también se supo que ambos tuvieron un hijo hace unos 10 años, que falleció.

Las primeras iniciativas oficialistas desencadenaron el inmediato rechazo de variados sectores. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, consideró que las reacciones oficialistas “preocupan, porque hay que tomar en cuenta que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en 2002, en una resolución, fue muy categórico en reconocer la libertad de expresión de las redes a través de internet como un derecho inalienable”.

La ciber-activista Eliana Quiroz afirmó que la idea de legislar surge por “la afectación de la imagen y honra del presidente Evo Morales”, aunque recordó que para estos casos el tribunal constitucional del país declaró sin fundamento el delito de desacato, la que sería una figura de tipo penal en casos de campañas contra autoridades.

La nueva norma legal aún debe pasar por varios escenarios y filtros, como la discusión pública, el debate en el Parlamento y su posterior aprobación por el Poder Ejecutivo.