El ejecutivo de la constructora Toyo Setal, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto denunció que los pagos de sobornos a los directivos de Petrobras eran rutinarios para quienes firmaban contratos con la compañía brasileña, y que quienes se beneficiaban de esos negocios formaban un club.
La información divulgada por el diario Folha de Sao Paulo sostiene que el delator reveló que quien lideraba las operaciones era el director de Servicios de la petrolera brasileña, Renato Duque. Su mecanismo era invitar a los candidatos favoritos a postularse para los contratos. Según la denuncia, el esquema funcionaba desde 1990.
La lista de beneficiarios es amplia e involucra a empresas líderes en sus mercados, como la argentina Techint. Además se menciona a Odebrecht, UTC, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior y Setal-SOG. A partir de 2006, se sumaron Skanska, Queiroz Galvão, Iesa, Engevix, GDK y Galvão Engenharia.
Aunque la mayoría de las empresas han negado terminantemente la denuncia dada a conocer por el diario, dos de ellas admitieron que hicieron pagos ilegales bajo presión: fueron Galvão Engenharia y Mendes Júnior.
Mendonça Neto dijo también que las empresas beneficiarias de los millonarios contratos recibían las instrucciones directas de Renato Duque para que hicieran donaciones al Partido de los Trabajadores (PT), actualmente en el gobierno.
Además de Duque, liberado tras un dictamen del Supremo Tribunal Federal, Mendonça Neto señaló que el ex director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa –en prisión domiciliaria- cobraba comisiones por su función de intermediarios.
El ejecutivo de Toyo Setal detalló que por los trabajos otorgados a su empresa en Paraná y San Pablo fueron pagadas comisiones de 1,3% a Duque y de 0,6% a Costa. El monto total de los contratos entre la empresa y Petrobras eran de 1.568 millones de dólares.
La reglas del club que denunció Mendonça, según Folha do Paulo:
Las reuniones eran convocadas por mensajes de texto o llamados telefónicos. Se producían ante cada oportunidad de negocios que ofrecía Petrobras.
Quien participaba de las reuniones no tenía entrada registrada. Recibía una insignia en la portería.
Cada empresa le atribuía un grado de interés, de 1 a 3, a cada obra que serían licitadas por la empresa estatal.
En caso de conflicto o coincidencia de prioridades, las empresas interesadas resolvían entre sí quien realizaría las obras. Si la disputa continuaba, el caso era arbitrado por el club, que redistribuía los contratos para satisfacer los intereses.
La empresa elegida para ganar la licitación tenía que informar previamente el valor de su propuesta.
Las empresas del club que participarían de la licitación simulada podían impugnar el costo en caso de considerarlo exagerado.