Petrobras perdió el control de BR Distribuidora en julio de 2019, y la privatización total se completó dos años después, en el gobierno de Jair Bolsonaro Según un reportaje de Agência Brasil, especialistas y entidades del sector petrolero sostienen que los aumentos considerados abusivos en los combustibles en Brasil no responden solo a la volatilidad internacional. El informe recoge denuncias sobre estaciones en São Paulo que llegaron a vender la gasolina a R$9 por litro y atribuye parte del problema a la pérdida de control estatal sobre la cadena de distribución tras la privatización de BR Distribuidora.
De acuerdo con las fuentes consultadas por Agência Brasil, la salida de Petrobras de la distribución eliminó una herramienta estratégica para amortiguar subas en momentos de crisis. Deyvid Bacelar, coordinador general de la Federación Única de los Petroleiros, dijo al medio que distribuidoras y revendedoras elevaron los valores al consumidor final con márgenes que rondan el 40%, y defendió el modelo de una petrolera integrada, capaz de operar desde la producción hasta la venta minorista.
La misma lectura fue compartida por Geraldo de Souza Ferreira, profesor de Ingeniería de Petróleo de la Universidad Federal Fluminense, quien dijo a Agência Brasil que retirar una empresa pública de un eslabón tan sensible de la cadena reduce las “herramientas institucionales” del Estado para intervenir. El académico sostuvo que el petróleo y sus derivados son insumos estratégicos para la seguridad energética y que, a diferencia de una empresa privada orientada al retorno financiero, una compañía pública también responde a una función social.
En paralelo, Vibra Energia, empresa que adquirió BR Distribuidora, informó el 11 de marzo una ganancia neta de R$679 millones en los resultados difundidos ese día. En ese comunicado, su presidente ejecutivo, Ernesto Pousada, afirmó que la compañía mostró un crecimiento sostenido de márgenes a lo largo del año y una recuperación del market share.
Petrobras perdió el control de BR Distribuidora en julio de 2019, y la privatización total se completó dos años después, en el gobierno de Jair Bolsonaro. La operación avanzó sin autorización previa del Congreso porque el Supremo Tribunal Federal entendió en 2019 que la venta del control de subsidiarias de empresas estatales no requería autorización legislativa específica, a diferencia de la enajenación de la empresa matriz.
Frente al último salto del petróleo, el gobierno brasileño eliminó las alícuotas de PIS/Cofins sobre el diésel, con un efecto estimado de R$0,32 por litro, y aprobó la Medida Provisoria 1.340, que autoriza otra subvención por R$0,32 por litro para productores e importadores. El paquete apunta a neutralizar R$0,64 por litro en la cadena, reforzar la fiscalización de la ANP y monitorear la formación de precios. En una reunión con el gobierno el 12 de marzo, distribuidoras privadas también sugirieron que Petrobras amplíe la importación de diésel para sostener el abastecimiento y la estabilidad de precios.