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Argentina confirma pago a bonistas amparada en nueva ley

Lunes, 15 de setiembre de 2014 - 06:29 UTC
Según Kicillof, el gobierno de Cristina Fernández tiene “los instrumentos” que le “ha dado el Parlamento para seguir pagando”. Según Kicillof, el gobierno de Cristina Fernández tiene “los instrumentos” que le “ha dado el Parlamento para seguir pagando”.

Gobierno argentino confirmó este domingo que pagará un nuevo vencimiento de su deuda a acreedores que se acogieron a reestructuraciones y lo hará a finales de este mes, bajo la nueva ley que habilita el pago local para evitar otro bloqueo judicial en Estados Unidos.

“Con la ley de pago soberano hemos asegurado que en el próximo vencimiento, a fin de septiembre, ahora en unos días, vamos a estar de nuevo pagando”, dijo el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, en declaraciones radiales.

Kicillof insistió en que su país no está en cese de pagos y subrayó que ”es un default (impago) inventado por (el juez estadounidense Thomas) Griesa“, quien falló a favor de fondos especulativos que reclaman a Argentina el pago de deudas por valor de 1.500 millones de dólares, entre capital e intereses, y que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010.

Para el ministro, el Gobierno de Cristina Fernández tiene ”los instrumentos“ que le ”ha dado el Parlamento para seguir pagando”.

El Congreso argentino aprobó el pasado jueves una ley para sustituir Nueva York como lugar de cobro para sus acreedores, que podrán optar entre Buenos Aires o París.

La nueva ley pretende evitar que el juez Griesa vuelva a bloquear el pago de fondos destinados a los tenedores de bonos reestructurados, como hizo a finales de junio hasta que Argentina salde su deuda íntegra con los fondos especulativos.

La norma contempla el pago a los acreedores que aceptaron entrar en los canjes de 2005 y 2010, el 92,4 %, pero prevé también el pago en iguales condiciones al 7,6 % que rechazaron reestructurar su deuda, entre ellos los fondos especulativos.

El Ejecutivo presidido por Fernández se ha negado a cumplir el fallo de Griesa al argumentar que desencadenaría un aluvión de demandas por parte de los tenedores de bonos reestructurados, ya que una cláusula del contrato, que expira a fin de año, les permite reclamar si se ofrecen mejores condiciones a los que no se acogieron al canje.