MercoPress. South Atlantic News Agency
Unos 140 buques quedan detenidos en puertos argentinos tras un decreto desregulador del Gobierno
La interrupción afecta especialmente al Gran Rosario, principal corredor de exportación agroindustrial del país Alrededor de 140 buques permanecían el lunes a la espera de poder entrar o salir de los puertos argentinos, después de que los prácticos y baqueanos dejaran de aceptar nuevos servicios en rechazo a un decreto que desregula esa actividad. Las cifras proceden de fuentes del sector; algunas coberturas elevan el número por encima de 150.
Los prácticos asesoran a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de buques en ríos, canales y puertos. Su intervención es obligatoria en buena parte de la navegación comercial argentina por las características de los accesos portuarios y de la Hidrovía del Paraná.
La interrupción afecta especialmente al Gran Rosario, principal corredor de exportación agroindustrial del país, y a las terminales de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, desde donde se distribuye buena parte de los combustibles. También alcanza a Caleta Córdova, en Chubut, punto de traslado de crudo hacia las refinerías. Un buque afectado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur quedó fuera del muelle sin poder ingresar. La Cámara Argentina de Energía advirtió que la indisponibilidad de prácticos podría generar dificultades de abastecimiento.
El Decreto 690/2026, publicado el 31 de julio y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aprueba un nuevo reglamento y deroga el vigente desde 1991. Crea un registro abierto de prácticos administrado por la Prefectura Naval, sin cupos; permite a los usuarios contratar libremente y acordar la retribución, con tarifas máximas fijadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación; elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido; amplía las exenciones para capitanes con experiencia acreditada en la zona; y habilita a la Prefectura a prestar el servicio directamente ante circunstancias excepcionales, con colaboración de la Armada. En 180 días, la Armada deberá transferirle los procesos de titulación.
El Gobierno enmarca la medida en su objetivo de reducir costos logísticos y ampliar la competencia. Las asociaciones del sector sostienen que compromete la seguridad de la navegación, cuestionan la ausencia de diálogo previo y anunciaron acciones judiciales, incluida una denuncia penal.
La naturaleza de la protesta es objeto de disputa. Fuentes oficiales señalan que no existe conflicto laboral, sino decisiones individuales de profesionales independientes sin relación de dependencia ni sindicato que ordene un cese, por lo que el Ministerio de Trabajo no puede dictar una conciliación obligatoria. Otras coberturas describen un cese de tareas por tiempo indeterminado resuelto de forma coordinada en todo el país. Los servicios ya programados continúan prestándose.
La Prefectura Naval comenzó a distribuir intimaciones individuales para que los profesionales retomen la actividad, y advirtió que el practicaje es un servicio público regulado por la Ley de Navegación y que su interrupción podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.
