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Ley de Comunicación de Correa obliga al cierre de otro diario en Ecuador
“No hay libertad de prensa, ronda sin tapujos la censura y la autocensura”, expresó La Hora Manabita en su último editorial. El diario ecuatoriano La Hora, que a nivel nacional imprime unos 41.000 ejemplares, suspendió su circulación en la provincia costera de Manabí tras 16 años de publicación, según explicó el editor general del periódico, Luis Eduardo Vivanco.
“No hay libertad de prensa, ronda sin tapujos la censura y la autocensura”, expresó La Hora Manabita en su último editorial.
Sin embargo, el órgano estatal de regulación de medios de Ecuador rechazó la versión de La Hora. “El cierre no tiene nada que ver con la ley sino con una estrategia de negocios”, dijo a la prensa Paulina Mogrovejo, vocal del Consejo de Regulación de la Información.
El periódico, que ha enfrentado varias acciones legales interpuestas por el gobierno por contenidos considerados inexactos o calumniosos, justificó el cierre de una de sus 12 ediciones por las restricciones de la Ley de Comunicación vigente desde hace un año y que aumentó el control sobre los medios, y fijó una redistribución de las licencias de televisión y radio.
“Estas y otras razones, que son de conocimiento público, pero que no se las pueden decir públicamente, y conscientes de nuestra responsabilidad con la sociedad a la que nos debemos y servimos, nos vemos en la obligación de comunicarles nuestra decisión de dejar de publicar La Hora Manabita”, anotó la empresa.
En julio, el diario crítico HOY de Quito suspendió su impresión para migrar a la versión electrónica, alegando también restricciones de la norma. En 2013, el semanario Vanguardia, otro de los tildados de oposición, salió del mercado con el mismo argumento.
El presidente, Rafael Correa, que desde su llegada al poder en 2007 ha identificado a varios medios como opositores calificándolos además de mediocres y corruptos, negó en su momento que la ley haya forzado el cierre de la versión impresa de HOY, y atribuyó su salida de circulación a una “pésima administración”.
Bajo la Ley de Comunicación, un diario sensacionalista y un caricaturista han sido obligados a rectificar contenidos, desatando duras críticas contra el gobierno por parte de gremios periodísticos y organizaciones que defienden la libertad de prensa.
