Como Londres eligió la Corte Internacional de Justicia y Argentina el tribunal de Hamburgo, el fondo del caso lo resolverá un tribunal arbitral El Tribunal Internacional del Derecho del Mar comenzó el martes en Hamburgo a escuchar a Argentina y al Reino Unido sobre la solicitud argentina de medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas. Argentina sostuvo que los recursos de una plataforma continental en disputa no pueden explotarse de forma unilateral, mientras que el Reino Unido rechaza que el tribunal tenga competencia para pronunciarse sobre una cuestión que, a su juicio, atañe a la soberanía.
“Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”, afirmó el agente argentino, el embajador Mario Oyarzábal, al presentar los cuatro pedidos de su país: que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación de Sea Lion, que se abstenga de otorgar nuevos permisos, que preserve la información obtenida en la exploración y que proteja el medio marino. Oyarzábal citó el censo de 2021 de las islas, con 3.142 residentes habituales, de los cuales 1.625 tienen el estatus de residente otorgado por el gobernador, y afirmó que esos recursos “pertenecen al pueblo argentino”.
El jurista Marcelo Kohen, asesor de la delegación, explicó que Argentina solo menciona la soberanía para demostrar que su reclamo sobre la plataforma continental es plausible. “La tierra domina al mar. Es por eso, y únicamente por eso, que nos referimos aquí a la soberanía argentina”, dijo, y sostuvo que basta con que las Naciones Unidas reconozcan la existencia de la disputa. Argentina se apoya en las resoluciones 2065, de 1965, y 31/49, de 1976, de la Asamblea General, que piden a las partes evitar decisiones unilaterales, y advierte de que el petróleo extraído no podría restituirse con una sentencia posterior. Expuso también el jurista neerlandés Nico Schrijver, especialista en soberanía sobre recursos naturales.
El Reino Unido expone su posición en la sesión de la tarde. Antes de la audiencia, la fiscal general británica, Ellie Reeves, que encabeza la delegación, declaró al diario The Times que su país respeta el derecho internacional y al tribunal, “pero no creemos que tengan jurisdicción para escuchar un reclamo en torno a la soberanía”. “Tenemos absoluta claridad en que se trata de territorio soberano británico”, afirmó. Un portavoz del primer ministro, Andy Burnham, insistió en que “la audiencia no trata sobre la soberanía” y en que los habitantes de las islas “tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales”, según la agencia DPA.
Como el Reino Unido eligió la Corte Internacional de Justicia para resolver este tipo de controversias y Argentina optó por el tribunal de Hamburgo, el fondo del caso deberá resolverlo un tribunal arbitral. Hamburgo solo puede dictar medidas provisionales mientras ese tribunal se constituye, si considera que este tendría jurisdicción prima facie, que hay urgencia y que el derecho invocado es plausible. La argentina Frida María Armas Pfirter, vicepresidenta del tribunal, se excusó de intervenir en el caso, por lo que Argentina designó como juez ad hoc a Raúl Vinuesa; el Reino Unido eligió a Vaughan Lowe. Ambos juraron el lunes.
La audiencia concluirá el miércoles con una segunda ronda de cada parte. Según un especialista consultado por el portal Infobae, la decisión podría conocerse en torno al viernes 13 de noviembre. Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration a unos 200 kilómetros al norte del archipiélago, prevé iniciar las perforaciones en enero de 2027.
La audiencia coincide con la llegada a las islas de la princesa Ana, el lunes, y precede al debate de la ley argentina de defensa de la soberanía en la Cámara de Diputados, previsto para el jueves. El Gobierno británico anunció en octubre que presentará legislación para proteger a las empresas de eventuales sanciones argentinas.