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Londres anuncia que acatará las medidas provisionales del tribunal del mar mientras protege a sus empresas
El Reino Unido prepara medidas bajo su ley de protección de intereses comerciales para que empresas y ciudadanos británicos no deban acatar normas argentinas extraterritoriales El Gobierno británico afirmó el martes que las medidas provisionales que pueda dictar el Tribunal Internacional del Derecho del Mar son vinculantes y que el Reino Unido cumple sus obligaciones internacionales, el mismo día en que Argentina presentó ante ese tribunal una solicitud para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, en aguas de las Falklands/Malvinas. En paralelo, Londres anunció que usará su legislación de protección de intereses comerciales para blindar a las empresas británicas frente a las sanciones argentinas.
“La posición establecida del Reino Unido es que las medidas provisionales dictadas conforme al marco jurídico internacional aplicable son vinculantes para las partes, y que el Reino Unido cumple sus obligaciones internacionales”, dijo en la Cámara de los Comunes la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran. Confirmó que Argentina notificó formalmente el 28 de septiembre el inicio del arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que la embajada británica en Buenos Aires entregó su respuesta formal el domingo 11 y que el Reino Unido participará en el procedimiento. Añadió que la notificación no es un fallo, no invalida las licencias otorgadas por el gobierno del archipiélago ni obliga a detener la actividad.
Vencido el plazo de dos semanas fijado por el presidente Javier Milei, el Gobierno argentino informó el martes que pidió al tribunal, con sede en Hamburgo, medidas provisionales para “preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental” e impedir actividades que considera autorizadas “unilateral e ilegalmente” por el Reino Unido.
En un comunicado conjunto, el Departamento de Comercio y el Ministerio de Exteriores británicos anunciaron que preparan medidas bajo la ley de Protección de Intereses Comerciales, que permite impedir que empresas y personas del Reino Unido sean obligadas a cumplir normas extranjeras de alcance extraterritorial. El texto precisa que no busca restringir el comercio británico con Argentina. “Esto deja claro, sin ningún género de dudas, que este Gobierno actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial legítima del Reino Unido”, dijo el secretario de Comercio, Jonathan Reynolds. “Los intentos de Argentina de intimidar a empresas y personas que realizan una actividad comercial legítima son inaceptables”, añadió el canciller, Ed Miliband.
Según informó el diario The Guardian, el Reino Unido pidió además a Interpol que rechace las solicitudes argentinas de notificaciones rojas contra personas vinculadas a Sea Lion, por considerarlas “políticamente motivadas”. El estatuto de Interpol le prohíbe intervenir en asuntos de carácter político.
Argentina sostiene que la explotación unilateral contraviene las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de la ONU. En casos anteriores, tribunales constituidos bajo la Convención declinaron pronunciarse sobre controversias de soberanía territorial; Kumaran confirmó que Londres impugnará cualquier intento de usar el procedimiento con ese fin. En el referéndum de 2013, con una participación del 92%, el 99,8% de los votantes optó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar.
