El centro de La Paz se convirtió este lunes en escenario de una batalla campal de más de tres horas, en la que miles de mineros asalariados y campesinos se enfrentaron a las fuerzas policiales que intentaban impedir su ingreso a la plaza Murillo, sede del Ejecutivo y del Legislativo boliviano. Los manifestantes lanzaron cargas de dinamita contra los efectivos policiales, que respondieron con gases lacrimógenos. Los cercos no fueron superados y el Ejército, desplegado en torno a la plaza como última línea de defensa, no llegó a intervenir directamente. La movilización es el mayor desafío al que se ha enfrentado el presidente Rodrigo Paz desde su asunción hace seis meses.
La protesta congrega a sindicatos obreros, mineros, comunidades indígenas aimara del altiplano paceño y juntas vecinales de El Alto, articulados en torno a un “pacto de no traición” que rechaza el diálogo con el Gobierno y exige la renuncia del mandatario. Los manifestantes denuncian el rumbo económico de la nueva administración y la integración del gabinete con representantes de las élites empresariales y agroindustriales. La marcha denominada “por la vida para salvar a Bolivia”, convocada por el expresidente Evo Morales (2006-2019) desde el trópico de Cochabamba, llegó este lunes a la capital tras seis días de caminata desde el altiplano y se incorporó a las protestas que se sostienen desde hace tres semanas.
Las calles del centro de La Paz, Bolivia, fueron escenario de violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes que exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Armados con petardos, piedras, palos y dinamita, los manifestantes intentaron romper un cerco policial… pic.twitter.com/0qcgiY9vjJ
El ministro de Defensa, Marco Antonio Oviedo, atribuyó directamente la coordinación de la movilización al exmandatario. “Es una marcha que se ha organizado, se ha digitalizado y se la está dirigiendo por el Chapare, y desde el Chapare por Evo”, afirmó en conferencia de prensa. Morales rechaza la imputación y sostiene que las protestas son una “reacción natural” ante una inflación interanual proyectada por encima del 20%, la crisis del combustible adulterado y el carácter “privatizador y neoliberal” de la gestión. El líder cocalero permanece atrincherado en el Chapare para evadir la orden de captura por el caso de presunta trata agravada que lo señala de haber mantenido una relación con una menor de 15 años durante su mandato presidencial.
El detonante inmediato de la crisis fue la promulgación de la Ley 1720, que permitía la conversión voluntaria de pequeñas tierras campesinas a medianas, habilitando su uso como garantía bancaria pero eliminando su carácter inembargable. Pequeños agricultores percibieron un riesgo de concentración latifundista; el Ejecutivo devolvió la norma al Legislativo, que la derogó la semana pasada, en una decisión que llegó después de que los movimientos sociales ya exigieran la renuncia del mandatario. El bloqueo de carreteras desde hace trece días mantiene a La Paz aislada del resto del país, con desabastecimiento en los mercados y restricciones de suministro que llevaron al Gobierno a solicitar la semana pasada el envío de dos aviones Hércules argentinos, autorizados personalmente por el presidente Javier Milei, para reforzar un puente aéreo de abastecimiento.
Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto boliviano retrocederá este año un 3,3% en lo que sería la mayor caída de toda Sudamérica.
Foto: Claudia Morales/REUTERS 
