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Bolivia: 10.000 seguidores de Evo Morales descienden sobre La Paz y el Gobierno alerta sobre grupos armados
La marcha, denominada por sus convocantes como “evista y cocalera”, está integrada por sectores campesinos, indígenas y obreros El Gobierno de Bolivia denunció este lunes la presencia de “grupos armados” en la marcha de campesinos y seguidores del expresidente Evo Morales que descendió este lunes sobre la ciudad de La Paz, sede del Ejecutivo y del Legislativo, tras seis días de caminata desde el altiplano, con el objetivo de exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, calculó en “algo más de diez mil personas” la columna de manifestantes que ingresó a la capital desde la vecina ciudad de El Alto, en lo que las autoridades describieron como un intento del exmandatario de desestabilizar al Ejecutivo a los seis meses de su asunción.
“Lamentablemente se ha identificado que hay grupos que han pasado al uso de las armas. Eso nos tiene preocupados”, afirmó el vocero presidencial, José Luis Gálvez. El funcionario singularizó la responsabilidad en un exfuncionario del Ministerio de Defensa identificado como Bernabé G.P., que actualmente preside el comité de conflicto de los “Ponchos Rojos”, una facción radical de campesinos aimara del altiplano paceño caracterizada por una organización de estilo militar y por la exhibición de armas antiguas en sus protestas. Gálvez difundió un video circulado en las últimas horas en redes sociales en el que una veintena de presuntos integrantes del grupo aparece en una carretera andina mostrando armas y coreando consignas alusivas a la “guerra civil”.
La marcha, denominada por sus convocantes como “evista y cocalera”, está integrada por sectores campesinos, indígenas y obreros, e incluye a los Ponchos Rojos, a la Central Obrera Boliviana (COB) y a la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, todos ellos aliados históricos del Movimiento al Socialismo. Otros sectores que inicialmente participaban del conflicto, entre ellos cooperativistas mineros, maestros y federaciones laborales de El Alto, alcanzaron acuerdos con el Gobierno en las últimas jornadas y se desmarcaron de la protesta. Paredes calificó la movilización como una acción “con fines conspirativos” que se encuentra “en el límite de la legalidad” y sostuvo que las actividades del entorno de Morales “muestran un intento de volver al Gobierno de la manera más antidemocrática que uno pueda imaginar”.
El conflicto, que se extiende ya por trece días, mantiene cerradas las principales rutas terrestres del departamento de La Paz, lo que impide el tránsito hacia el interior del país y hacia Chile y Perú. Otros cortes parciales se reportan en las regiones de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca. El bloqueo ha provocado una grave escasez de alimentos, combustibles e insumos médicos en La Paz y El Alto, lo que llevó al Gobierno a solicitar la semana pasada el respaldo de Argentina, que envió dos aviones Hércules para reforzar un puente aéreo de abastecimiento autorizado personalmente por el presidente Javier Milei.
El presidente Paz llegó este lunes a la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo, mientras la plaza Murillo, en la que también funciona el Congreso, amaneció resguardada por varios cordones policiales y barricadas. El funcionariado advirtió que cualquier daño a la propiedad pública o a instituciones del Estado será sancionado y derivará en detenciones inmediatas, en lo que se perfila como una de las jornadas políticas más tensas desde el inicio de la administración centrista.
