Los Gobiernos alineados con Estados Unidos ensayan discursos de mano dura y piden asistencia técnica El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el lanzamiento del Escudo de las Américas —una coalición antinarcóticos de tono militar que excluye a México y que Washington presentó en marzo en Miami— han reconfigurado el tablero de seguridad en Centroamérica. La presión, intensificada tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero, empujó las rutas del narcotráfico hacia aguas internacionales y forzó respuestas dispares en el istmo, según un informe de EL PAÍS.
Los Gobiernos alineados con Estados Unidos ensayan discursos de mano dura y piden asistencia técnica. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo solicitó por carta más apoyo en entrenamiento e inteligencia, en medio de una ofensiva que entre 2024 y 2026 permitió decomisar más de 33 toneladas de cocaína y capturar a más de 2.000 personas; el 2 de junio, el Congreso aprobó una ley contra el lavado de dinero. El comandante del Comando Sur, general Francis Donovan, se reunió esta semana con funcionarios guatemaltecos.
El Salvador volcó su esfuerzo al mar abierto: el 14 de febrero, su Marina interceptó a 380 millas náuticas de la costa el buque FMS Eagle, con 6,6 toneladas de cocaína, la mayor incautación de su historia. El presidente Nayib Bukele celebró el operativo en redes y reforzó su narrativa del muro del Pacífico, aunque los datos lo ubican en el séptimo lugar entre las nueve naciones de la ruta del Pacífico.
Honduras, históricamente un corredor de la droga, se ha convertido además en productor de hoja de coca: solo en 2025 las autoridades destruyeron más de un millón de plantas. El presidente Nasry Asfura buscó acercarse a Washington, pero el crimen organizado mostró su fuerza con tres masacres a fines de mayo que dejaron 24 muertos, lo que obligó a sacar al Ejército a las calles. En Costa Rica, que atraviesa sus años más violentos, la nueva presidenta, Laura Fernández, asumió el 8 de mayo con un giro hacia la mano dura: anunció una cárcel de máxima seguridad, aunque descartó el ingreso de tropas extranjeras en un país sin Fuerzas Armadas.
En Nicaragua, los decomisos de cargamentos de origen nicaragüense en el exterior pusieron en entredicho el muro de contención del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cuya opacidad dificulta medir su eficacia; Washington retiró a la DEA del país en 2025. Panamá, en cambio, lidera las incautaciones regionales —más de 43 toneladas hasta mayo—, con sus puertos como principal punto débil. El presidente José Raúl Mulino se sumó al frente político de Trump, pero fijó un límite ante el despliegue militar estadounidense: El Canal es de Panamá y seguirá siendo de Panamá.