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Argentina: la justicia exige recomponer salarios universitarios en medio de huelgas docentes
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán rechazaron la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y calificaron de “poco serios” sus argumentos La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de Argentina confirmó este martes una medida cautelar que obliga al gobierno de Javier Milei a aplicar de inmediato la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que establece la actualización de salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán rechazaron la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y calificaron de “poco serios” sus argumentos, entre ellos que la cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta. El tribunal señaló que el impacto fiscal de la medida es bajo y que lo que está en juego es un derecho constitucional: el acceso a la educación superior pública.
El fallo exige el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la ley, que disponen la actualización salarial correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, cuando la norma fue sancionada por el Congreso. Milei vetó la ley, pero ambas cámaras legislativas la ratificaron con mayoría de dos tercios. Aun así, el presidente se negó a ejecutarla, argumentando que los legisladores no habían definido el origen de los fondos.
La decisión judicial llega en un momento de creciente conflicto. Los sindicatos universitarios iniciaron su tercera semana consecutiva de huelgas y tienen previsto instalar carpas de protesta en distintos puntos del país a partir de la próxima semana. La confederación sindical docente CONADU convocó un nuevo paro de una semana completa para fines de abril.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que impulsó la acción judicial, ha denunciado que los salarios del sector acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 32% desde diciembre de 2023, con incrementos del 158% frente a una inflación acumulada del 280%. Para recuperar el nivel salarial previo, sería necesaria una recomposición del 47,3%, según los cálculos del organismo. Las 64 universidades públicas del país, que albergan a 2,1 millones de estudiantes, se declararon la semana pasada en “emergencia salarial y presupuestaria”.
“Excelente noticia para la comunidad universitaria del país en el contexto extremadamente delicado que atravesamos”, señaló el presidente del CIN, Franco Bartolacci. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, advirtió que el incumplimiento de la orden judicial podría configurar un caso de “gravedad institucional sin precedentes” y una potencial causa por incumplimiento de deberes de funcionario público. Las federaciones sindicales exigieron que el gobierno “pague la deuda que tiene con docentes, no docentes y estudiantes” y advirtieron que no permitirán más dilaciones.
