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La muerte de una niña en Argentina reabre el debate sobre las revinculaciones forzadas
La niña ingresó sin signos vitales el 21 de julio en el Hospital Municipal Arturo Illia. La autopsia determinó que murió por hipoxemia derivada de una asfixia obstructiva La muerte de una niña de dos años en Villa Gesell, en la costa de la provincia de Buenos Aires, y la detención de su madre han puesto el foco sobre el funcionamiento del sistema argentino de protección de la infancia, y en particular sobre los procesos judiciales de revinculación familiar.
La niña ingresó sin signos vitales el 21 de julio en el Hospital Municipal Arturo Illia. La autopsia determinó que murió por hipoxemia derivada de una asfixia obstructiva. Su madre, Lucía Sosa, de 43 años, sostuvo que se había atragantado. Fue detenida el 27 de julio e imputada por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. Se negó a declarar por recomendación de su defensa y el fiscal Juan Pablo Calderón evalúa recalificar la causa. La detención no constituye condena y su responsabilidad deberá determinarse en el proceso. La pareja de Sosa también está imputada; el hijo de cuatro años de ambos quedó bajo custodia judicial.
El caso adquirió dimensión nacional por los antecedentes. Otras dos hijas de Sosa murieron en circunstancias similares: una de seis meses en 2013 y otra de once meses en 2016. Por el segundo caso, ella y su entonces pareja, Héctor Javier Picart, pasaron cerca de dos años detenidos y fueron absueltos en 2018 por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de Mar del Plata. El tribunal evaluó los informes médicos, descartó lesiones traumáticas y signos de abuso sexual en ambas niñas, atribuyó las muertes a complicaciones respiratorias y concluyó que no se había acreditado maltrato infantil.
Dos hijos mayores de Sosa, uno de ellos menor de edad, declararon esta semana ante la fiscalía. Ambos fueron internados de bebés con cuadros de asfixia y adoptados posteriormente por otras familias. Sostienen que durante años denunciaron violencia sin ser escuchados y describen el período de revinculación —los años en que la justicia mantuvo el contacto con el núcleo biológico antes de otorgar la tenencia definitiva— como una experiencia de maltrato. La hija mayor amplió la causa con una denuncia por abuso sexual. Ninguna de estas acusaciones ha sido acreditada judicialmente.
Su abogada, Erika Hooft, que sigue causas vinculadas a la familia desde 2008, sostiene que en un expediente previo se diagnosticó a Sosa un trastorno que lleva a provocar dolencias en los hijos, y afirma haber advertido del riesgo. La fiscalía no ha confirmado esos extremos.
Sebastián Medina, titular de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, señaló que el derecho de los menores a ser oídos es un principio rector de la Convención sobre los Derechos del Niño y no se agota en un único acto procesal. Ante sospechas de violencia, afirmó, deben adoptarse medidas urgentes de protección y articularse los procesos judiciales y administrativos. “En este caso se aprecia, precisamente, la desarticulación entre los expedientes penales y civiles”, indicó.
