La base normativa es un decreto de mayo de 2025 que endureció los requisitos para la naturalización y habilitó una vía por inversión significativa, con un organismo específico El Gobierno argentino presentó un programa de ciudadanía por inversión que permitirá a extranjeros obtener el pasaporte del país a cambio de un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro o de la compra de 800.000 dólares en un bono público a siete años. Las solicitudes se abrirían antes de fin de año.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunciaron el programa el viernes en la embajada argentina en París, en el marco de la Argentina Week, el encuentro con inversores que encabezó esta semana el presidente Javier Milei. Los montos aumentan con la familia: 100.000 dólares adicionales por el cónyuge y por cada hijo de entre 18 y 25 años, soltero y sin hijos, y 25.000 por cada menor de 18. Una familia con dos hijos menores pagaría 500.000 dólares.
El objetivo declarado es atraer divisas. El Tesoro afronta en 2027 importantes vencimientos de deuda en moneda extranjera, y el Gobierno postergó su regreso a los mercados internacionales de bonos en una semana en que el riesgo país tocó su máximo del año. Según estimaciones de un consorcio de firmas que asesora al Gobierno, citadas por la agencia AP, el programa podría recaudar hasta unos 2.500 millones de dólares si alcanza el número de solicitantes previsto.
El pasaporte argentino está muy valorado, se acepta en más de 140 países, dijo Caputo, en referencia a los destinos que no exigen visado previo a los ciudadanos argentinos, entre ellos el espacio Schengen. Según el ministro, la idea surgió en julio de 2024, cuando ejecutivos tecnológicos estadounidenses mostraron interés en la ciudadanía argentina durante una visita de Milei a Sun Valley, Idaho.
La base normativa es un decreto de mayo de 2025 que endureció los requisitos para la naturalización —con dos años de residencia continua— y habilitó una vía por inversión significativa, con un organismo específico. La licitación internacional para gestionar el programa fue cancelada en abril de este año.
Argentina sería el primer país sudamericano con un programa de este tipo. Apenas una docena de Estados, varios de ellos islas del Caribe, ofrece ciudadanía por inversión, mientras que unos 60 otorgan residencia. No se trata solo de las ventajas que se obtienen dentro de Argentina, también se obtienen beneficios a escala global en términos de los lugares a los que se puede ir, explicó Kristin Surak, profesora de la London School of Economics.
Estos programas han sido cuestionados por su vulnerabilidad a la corrupción. El Grupo de Acción Financiera Internacional advirtió que pueden ser utilizados para ocultar identidades, blanquear capitales y eludir la justicia, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal en abril de 2025 el programa de Malta. Caputo aseguró que los servicios de inteligencia y los organismos de control financiero verificarán la identidad, los antecedentes penales y el origen de los fondos de los solicitantes, para proteger el prestigio internacional de la ciudadanía argentina.