MercoPress. South Atlantic News Agency
Uruguay reclamará daños tras no apelar Cardama la rescisión del contrato por patrullas oceánicas
El contrato, firmado durante la administración de Luis Lacalle Pou, contemplaba la construcción de dos buques tipo OPV para la Armada Nacional El astillero español Cardama no presentó recurso contra la decisión del Poder Ejecutivo uruguayo de rescindir el contrato para la compra de dos patrullas oceánicas para la Armada, por lo que la medida quedó firme y el Ministerio de Defensa avanzará ahora en un reclamo por daños y perjuicios. Así lo confirmó este jueves el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.
“El acto administrativo de la rescisión del contrato no fue recurrido por el astillero, la rescisión es definitiva. No hay que tratar ningún recurso ni va a haber juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lo que queda pendiente son las consecuencias de la rescisión: los daños y perjuicios”, dijo Díaz. Añadió que el paso “da una gran tranquilidad” al gobierno sobre la legalidad del procedimiento seguido.
El contrato, firmado durante la administración de Luis Lacalle Pou, contemplaba la construcción de dos buques tipo OPV para la Armada Nacional. El acuerdo había sido valuado en unos US$ 90 millones, y el Estado ya había realizado pagos por cerca de US$ 30 millones antes de que el nuevo gobierno resolviera ponerle fin.
El gobierno de Yamandú Orsi había anunciado en octubre de 2025 que rescindiría el contrato tras detectar incumplimientos vinculados a la garantía de fiel cumplimiento presentada por la empresa. Según Presidencia, cuando el Estado intentó ejecutar esa garantía encontró irregularidades graves, entre ellas la presunta invalidez del documento emitido por Eurocommerce Limited. El caso motivó además actuaciones administrativas y penales.
En febrero de 2026, Orsi comunicó que la rescisión quedaba definida y que el Ejecutivo buscaría resarcimiento, recuperar el patrimonio invertido y establecer responsabilidades. Con la falta de apelación por parte de Cardama, el gobierno entiende ahora cerrado el frente administrativo y enfocado el diferendo en sus consecuencias patrimoniales y judiciales.
El caso se convirtió en uno de los expedientes más sensibles del área de Defensa desde el cambio de gobierno, no solo por el monto comprometido sino también por la necesidad de renovar los medios de patrulla oceánica de Uruguay. Mientras sigue abierta la discusión política sobre el proceso de compra original, el Ejecutivo ya ha señalado que estudia alternativas en otros países para concretar la adquisición de las embarcaciones por otra vía.
