La diferencia, próxima a los 25.000 dólares, fue confirmada por el entorno presidencial como un “descuento o rebaja” en la operación
El presidente uruguayo Yamandú Orsi enfrenta esta semana cuestionamientos públicos por la compra, ocho días antes de su asunción del 1 de marzo de 2025, de una camioneta Hyundai Santa Fe cero kilómetro por un valor facturado de 54.000 dólares, pese a que el modelo era ofrecido por la propia empresa en torno a los 78.990 dólares. La diferencia, próxima a los 25.000 dólares, fue confirmada por el entorno presidencial como un “descuento o rebaja” en la operación, sin precisar si correspondió a una política comercial habitual de la concesionaria o a una condición particular para el entonces presidente electo.
La información fue revelada por la conductora del programa radial Así Nos Va, Patricia Madrid, a partir de consultas formuladas a la Presidencia uruguaya tras detectar discrepancias en la última declaración jurada presentada por Orsi ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). En ese documento, el vehículo figura valuado en 3.396.570 pesos uruguayos, equivalentes a unos 79.000 dólares al tipo de cambio de febrero de 2025. La factura, en cambio, emitida por la concesionaria Oliva Automotores el 21 de febrero de 2025, registra el precio efectivamente pagado por el presidente en 54.000 dólares.
Según los datos enviados por Presidencia, el pago se realizó mediante una combinación de la entrega de un Hyundai modelo 2020 de propiedad del mandatario y una transferencia bancaria. El vehículo usado había sido declarado por Orsi en su declaración jurada de 2024 con un valor aproximado de 29.000 dólares. La Presidencia no especificó el monto reconocido por la concesionaria por el vehículo entregado en parte de pago ni la cifra exacta transferida en efectivo electrónico, por lo que la mecánica de la operación permanece parcialmente sin esclarecer.
La controversia se ancla en una discusión normativa. El artículo 9 de la Ley 19.823, que regula el Código de Ética de la Función Pública uruguaya, prohíbe expresamente a los funcionarios públicos solicitar o recibir “obsequios, gratificaciones, recompensas o ventajas” vinculadas al ejercicio de la función pública. La situación puntual de Orsi presenta una particularidad: la operación se concretó ocho días antes de asumir el cargo, por lo que el mandatario aún no ostentaba la condición de funcionario público en ejercicio. Sin embargo, la condición de presidente electo y la magnitud del descuento han generado debate sobre el alcance de la norma.
El episodio se inscribe en un contexto político adverso para el mandatario, cuyos índices de aprobación han descendido sostenidamente en los últimos meses según los principales sondeos. La encuestadora Factum situó recientemente la aprobación de Orsi en el 29% frente a una desaprobación del 46%, mientras que Equipos Consultores estimó cifras similares. La Presidencia no ha emitido un pronunciamiento institucional sobre la cuestión de la camioneta más allá de la entrega documental a la periodista que originó las consultas.
La diferencia, próxima a los 25.000 dólares, fue confirmada por el entorno presidencial como un “descuento o rebaja” en la operación 
