La Armada había informado entonces fallas técnicas y una emergencia a bordo antes de perder contacto con la embarcación; posteriormente se determinó que el submarino sufrió un evento catastrófico Un tribunal federal en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, abrió esta semana el juicio oral contra cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina acusados por su presunta responsabilidad en el hundimiento y la posterior implosión del submarino ARA San Juan en 2017, tragedia en la que murieron 44 tripulantes.
Los imputados son el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo; los capitanes de navío Claudio Javier Villamide y Héctor Aníbal Alonso (retirado), y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, de acuerdo con la acusación detallada por el Ministerio Público Fiscal.
En la audiencia de apertura, la fiscalía sostuvo que el submarino operó “en condiciones técnico operativas deficientes” y que el desenlace fue “previsible” por el estado de la unidad, al plantear que las conductas u omisiones atribuidas a los acusados “posibilitaron” elevar el riesgo permitido y que el resultado —la muerte de los marinos y la pérdida del buque— era una consecuencia directa o al menos previsible de la violación del deber de cuidado.
La fiscalía también remarcó que no se garantizó el correcto alistamiento y el mantenimiento del submarino antes de la navegación. Los cargos que se discuten incluyen, entre otros, presuntos incumplimientos vinculados al control operativo, el alistamiento y el mantenimiento del ARA San Juan.
En contraste, uno de los acusados negó que el buque estuviera en condiciones inseguras. Villamide, excomandante de la fuerza de submarinos, afirmó ante el tribunal que “el buque estaba en condiciones de navegar en seguridad” y que contaba con herramientas, manuales y elementos de seguridad y escape.
El proceso se desarrolla con expectativas y escepticismo entre familiares de las víctimas, que durante años reclamaron responsabilidades por la tragedia y cuestionaron que no se haya avanzado contra figuras políticas de la época.
Según información publicada en medios argentinos, el debate incluye además discusiones sobre el alcance de documentación y elementos técnicos sujetos a secreto militar, y la organización de una extensa lista de testigos para las próximas audiencias.
El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 durante una navegación en el Atlántico Sur. La Armada había informado entonces fallas técnicas y una emergencia a bordo antes de perder contacto con la embarcación; posteriormente se determinó que el submarino sufrió un evento catastrófico bajo el agua.
El tribunal deberá evaluar si existieron incumplimientos funcionales y de control que, según la fiscalía, incrementaron indebidamente el riesgo de una actividad ya de por sí peligrosa, y si esa cadena de decisiones u omisiones guarda relación penal con el resultado final.