El fallo también abrió interrogantes sobre los acuerdos comerciales negociados bajo la amenaza de aranceles elevados y sobre el destino de los ingresos ya recaudados El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la Corte Suprema horas después de que el tribunal limitara su capacidad para imponer aranceles amplios bajo poderes de emergencia, y prometió mantener su estrategia comercial. “Estoy avergonzado de ciertos miembros de la corte, absolutamente avergonzado”, dijo en la Casa Blanca.
La Corte Suprema falló por 6 votos contra 3 que el Ejecutivo excedió su autoridad al fijar y modificar aranceles globales amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), al recordar que la potestad tributaria corresponde al Congreso. El dictamen fue redactado por el presidente del tribunal, John Roberts.
En la misma jornada, Trump firmó una orden ejecutiva para dejar sin efecto los gravámenes anulados por el fallo y emitió una proclamación para imponer un nuevo arancel temporal del 10% sobre la mayoría de los bienes importados durante 150 días, según informó la Casa Blanca. El plan contempla exenciones para algunos rubros, incluidos minerales críticos, metales y productos energéticos.
La medida se apoya en la llamada “Sección 122” de la Ley de Comercio de 1974, una vía que permite aplicar recargos de importación de forma limitada en el tiempo y el nivel, y que —según Reuters— no había sido utilizada antes por un presidente.
El texto legal establece que, ante “problemas fundamentales” de balanza de pagos, el presidente puede proclamar por hasta 150 días un recargo temporal de importación de hasta 15%, con cualquier extensión sujeta a una ley del Congreso.
El fallo también abrió interrogantes sobre los acuerdos comerciales negociados bajo la amenaza de aranceles elevados y sobre el destino de los ingresos ya recaudados: Reuters situó en US$ 175.000 millones lo cobrado a importadores estadounidenses en el marco del esquema cuestionado por la Corte.
Desde el oficialismo, el vicepresidente JD Vance criticó la decisión en X y la calificó de “ilegalidad” por parte del tribunal, al sostener que dificultará “proteger” industrias y cadenas de suministro.
Mientras la administración explora otras herramientas —más lentas y procedimentales— para reconstruir parte de su arquitectura arancelaria, el episodio reintrodujo incertidumbre para empresas y consumidores en un contexto en el que la política comercial se ha convertido en uno de los ejes de la agenda interna y externa de Trump.