El PIT-CNT señaló que, hasta ahora, el acuerdo ingresó al Parlamento sin un estudio de impacto que permita evaluar con rigor efectos sobre empleo, finanzas públicas, sostenibilidad y competitividad El PIT-CNT advirtió en el Parlamento uruguayo que la discusión del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea llega sin análisis sectoriales suficientes, lo que, a su juicio, “limita la posibilidad de un debate informado” sobre impactos en industria, empleo y estructura productiva. La central sindical compareció este miércoles ante la comisión especial del Senado que estudia el texto, junto a delegaciones de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), en la antesala de una votación prevista para el miércoles 25.
Según el secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, José Olivera, el tratado “tiene enormes implicancias para la vida de un país” y la discusión no debería quedar reducida a si es “bueno o malo”, sino a qué estrategia nacional de desarrollo adoptará Uruguay y cómo se inserta el acuerdo en esa hoja de ruta. Danilo Dárdano, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, sostuvo que la central es crítica del acuerdo, pero expresó voluntad de trabajar para “bajar lo más posible los impactos negativos”.
El PIT-CNT señaló que, hasta ahora, el acuerdo ingresó al Parlamento sin un estudio de impacto que permita evaluar con rigor efectos sobre empleo, finanzas públicas, sostenibilidad y competitividad, y alertó que tampoco están resueltas cuestiones como la distribución de cuotas dentro del Mercosur. En ese marco, propuso crear “comités sectoriales” con participación de gobierno, trabajadores, empresas y academia para estudiar, monitorear y dar seguimiento a la implementación, con evaluaciones periódicas y recomendaciones de política.
Desde Cancillería, la vicecanciller Valeria Csukasi dijo en comisión que el estudio solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tuvo demoras tras una primera versión con “equivocaciones” en aspectos clave —incluida la comprensión de la implementación de cuotas— y que el documento se está actualizando, con expectativa de presentarlo “quizás la próxima quincena”. Agregó que también se realiza un trabajo similar desde CAF y que el BID prevé análisis sectoriales para identificar impactos reales y eventuales pérdidas de competitividad.
En contraste, representantes del agro y la industria comparecieron con una visión más favorable, aunque con matices. El presidente de la ACA, Guillermo O’Brien, afirmó que el acuerdo implicaría un alivio arancelario relevante para el sector arrocero —en el orden de 10 a 15 millones de dólares en productos de menor elaboración— y sostuvo que no ve probable una mayor competencia de arroz europeo en el Mercosur. Señaló, además, que Uruguay debe “emprolijarse” en requisitos como certificación de origen para vender más arroz elaborado, y que buscarán defender en el Mercosur un reparto de cuotas que refleje la tradición exportadora uruguaya hacia Europa.
Por la CIU, Washington Durán indicó que la cámara ha respaldado históricamente el acuerdo, pero con “apoyo crítico”, y remarcó que la capacidad de aprovecharlo dependerá de cómo Uruguay se adecue —en particular en costos de producción— para competir y vender en el mercado europeo.
El acuerdo Mercosur–UE fue autenticado y remitido al Parlamento en febrero, luego de su firma en Asunción el 17 de enero, y el oficialismo prevé que el trámite legislativo avance en las próximas semanas.