La causa se encuentra apelada, pero en EE.UU. los fallos pueden ejecutarse mientras el recurso sigue su curso Burford Capital, principal beneficiario del fallo de primera instancia por US$16.000 millones contra Argentina por la expropiación de YPF en 2012, solicitó a la jueza federal Loretta Preska que declare al país en desacato y le imponga sanciones, alegando incumplimientos en la entrega de información durante el proceso de discovery.
El pedido sostiene que Argentina no aportó comunicaciones —correos y mensajes— de funcionarios actuales y del gobierno anterior que los demandantes consideran clave para avanzar en la ejecución del fallo y en su tesis de que ciertas entidades estatales actuarían como “alter ego” del Estado. Entre las medidas solicitadas figuran sanciones civiles, presunciones adversas por prueba no presentada y multas coercitivas.
Desde la Procuración del Tesoro, a cargo de la defensa, Argentina rechazó los argumentos y afirmó haber cumplido con las órdenes del tribunal, incluyendo la entrega de más de 113.000 páginas y testimonios de funcionarios. Sostuvo además que no tiene “posesión, custodia o control” sobre cuentas personales de sus funcionarios y que la legislación local protege esas comunicaciones.
La causa se encuentra apelada, pero en EE.UU. los fallos pueden ejecutarse mientras el recurso sigue su curso. Por eso, Burford viene impulsando acciones para cobrar, como el intento de embargar activos o de probar el “alter ego” entre el Estado y empresas públicas. La sentencia —hoy superior a US$18.000 millones con intereses— fue recurrida y tuvo audiencia en octubre.
Medios locales advirtieron que un eventual desacato en un tribunal con jurisdicción en Wall Street complicaría la estrategia argentina de volver a los mercados, en momentos en que el gobierno busca recomponer la confianza de inversores internacionales.