Argentina tiene la intención de salvaguardar sus derechos e intereses soberanos, señaló la Cancillería El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina emitió este jueves un enérgico rechazo a la supuesta Decisión Final de Inversión de la empresa británica Rockhopper Exploration Plc y la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited en relación con el yacimiento petrolífero Sea Lion en la Cuenca Norte de las Falkland/Malvinas.
Buenos Aires declaró que la decisión de proceder con la exploración y explotación de hidrocarburos frente a las costas de las Islas Malvinas se tomó sin la autorización de las autoridades argentinas, calificándola de unilateral e ilegítima.
El Ministerio de Relaciones Exteriores enfatizó que cualquier explotación unilateral de recursos naturales en áreas sujetas a disputas de soberanía constituye una violación del derecho internacional, citando específicamente las Resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Estos instrumentos reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido e instan a ambos gobiernos a reanudar las negociaciones... para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia, señaló un comunicado. La Resolución 31/49 insta a las partes a abstenerse de introducir cambios unilaterales en la situación mientras las negociaciones estén pendientes, insistió el Palacio San Martín.
Buenos Aires subrayó que las acciones contravenían la legislación argentina, que exige la debida autorización para cualquier actividad de hidrocarburos en la plataforma continental. En respuesta a actividades previas no autorizadas, Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum fueron declaradas clandestinas e inhabilitadas para operar en Argentina por un período de 20 años, debido a que cualquier entidad —incluidas empresas, instituciones financieras, proveedores de servicios y aseguradoras— que participe o facilite estos proyectos estará sujeta a una amplia gama de medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones y restricciones operativas, según se explicó.
Argentina profundizará su plan de acción para adoptar todas las medidas adicionales, de conformidad con el derecho internacional, que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos, señaló además la Cancillería.