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Uruguay denuncia por fraude al astillero español Cardama; la empresa responde: “Es un tema político”
El contrato, firmado durante el mandato de Luis Lacalle Pou, preveía que los buques fueran entregados a la Armada Nacional para reforzar la vigilancia de los recursos naturales El gobierno de Uruguay presentó una denuncia civil y penal contra el astillero español Cardama, responsable de la construcción de dos patrulleros oceánicos (OPV) por más de 92 millones de dólares, tras detectar presuntas irregularidades en la garantía bancaria del contrato firmado en diciembre de 2023. El caso ha escalado en los últimos días, con acusaciones cruzadas entre Montevideo y la empresa gallega, que niega cualquier irregularidad y denuncia un trasfondo político.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, formalizaron la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación este jueves. “Cuidar la plata de los uruguayos no tiene color político. Es un deber moral. Por eso hoy denunciamos ante la Justicia indicios graves de fraude. Que se investigue hasta el final. Nadie está por encima de la ley”, escribió Díaz en la red X.
El presidente Yamandú Orsi calificó el accionar del astillero como “de gravedad” y aseguró que el Estado uruguayo estuvo ante un intento de “estafa”. Según el Ejecutivo, la empresa incumplió con el plazo de 45 días para presentar la garantía de fiel cumplimiento —equivalente al 5% del valor total del contrato— y solicitó “sucesivas prórrogas” sin cumplir los compromisos asumidos.
El gobierno contrató un estudio jurídico británico, que constató que la entidad financiera que debía respaldar la garantía estaba en proceso de liquidación desde agosto de 2025. Además, se descubrió que la compañía garante tenía un solo empleado y un director de nacionalidad rusa. “No se tomaron los recaudos necesarios en la administración anterior para verificar la solvencia de quien ofrecía esta garantía”, advirtió Díaz.
El contrato, firmado durante el mandato de Luis Lacalle Pou, preveía que los buques fueran entregados a la Armada Nacional para reforzar la vigilancia de los recursos naturales. Hasta la fecha, el Estado uruguayo ha desembolsado unos 30 millones de dólares en pagos parciales.
Cardama niega fraude y habla de motivaciones políticas
Desde España, el director general del astillero, Mario Cardama, negó rotundamente las acusaciones y defendió la legalidad de su empresa. “No hay fraude por ningún lado. Hemos cumplido con el contrato y con las renovaciones anuales del aval”, aseguró en declaraciones a Onda Cero Vigo.
El empresario sostuvo que la polémica tiene motivaciones políticas: “Este es un tema electoral en Uruguay. Nos están usando por intereses internos”. También negó tener conocimiento de que el banco británico al que presentaron los avales estuviera en liquidación y afirmó que el astillero presentó “tres bancos garantes” alternativos para respaldar la operación.
Cardama insistió en que la construcción de las patrulleras sigue en marcha, con el acero del primer buque completado en un 60% y los pedidos de materiales comprometidos en un 90%. “Uruguay necesita estos barcos, y nosotros queremos cumplir el contrato. Pero si el país decide rescindirlo, tenemos un plan alternativo y ya hay otra región interesada en comprarlos”, advirtió.
Tensión diplomática y repercusión política
El presidente Orsi ordenó investigaciones administrativas en el Ministerio de Defensa, el Banco República y el Ministerio de Economía y Finanzas, y aseguró que el Estado “hará lo que sabe hacer: cumplir con los contratos, pero defender el interés público”.
Mientras tanto, el caso ha generado preocupación en el sector naval español y tensiones diplomáticas entre Montevideo y Madrid. La posible rescisión del contrato podría afectar uno de los proyectos industriales más importantes del astillero vigués en América Latina.
Uruguay, por su parte, busca enviar un mensaje de firmeza institucional. “Nadie está por encima de la ley, ni dentro ni fuera del país”, remarcó Díaz.
