El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, anunció este miércoles la decisión de su gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos buques patrulleros oceánicos (OPV). El contrato, firmado durante la administración anterior de Luis Lacalle Pou (2019-2025), se rescinde debido a años de retrasos, incumplimientos y la precaria situación financiera del astillero, según se explicó.
Orsi señaló que el caso presenta fuertes indicios de que nos encontramos ante una estafa o fraude contra el Estado uruguayo, con graves incumplimientos contractuales, incluyendo garantías nulas, la falta de capacidad técnica del astillero y los retrasos injustificados en la construcción, que -se estima- solo tiene un avance del 15%.
El gobierno planea ejecutar la garantía del contrato del 5% (aproximadamente 4,1 millones de euros), interponer acciones legales administrativas, civiles y penales, y buscar recuperar los aproximadamente 30 millones de dólares estadounidenses ya transferidos a la empresa. Dos oficiales de la Armada viajarán a España para verificar el mínimo progreso.
El proceso comenzó en 2020-2021. Una licitación inicial de 2022 para dos OPV se declaró desierta en enero de 2023 debido a los altos precios, a pesar de que la comisión técnica recomendó una opción china (CSTC) por 161,48 millones de dólares. Según se informó, la presión de Estados Unidos desaconsejó la opción china.
Cardama, un astillero centenario con sede en Vigo y sin experiencia en buques militares, se incorporó informalmente al proceso en abril de 2023. Su oferta fue rápidamente aprobada a pesar de que las comisiones técnicas iniciales fueron marginadas. El contrato de 84 millones de euros para dos OPV se firmó en diciembre de 2023.
El astillero ha sido descrito como una empresa de papel con un solo empleado en 2023-2024, un director ruso en Rusia y referencias falsas en su sitio web.
En octubre de 2024, se aceptó una garantía de Eurocommerce. Sin embargo, la empresa con sede en el Reino Unido fue posteriormente descrita como inexistente en su domicilio social, inactiva desde 2023 y en liquidación. Según informes, el Ministerio de Defensa de Uruguay ignoró las recomendaciones del Banco Central del Uruguay (BCU).
En abril de 2024, cuatro oficiales de alto rango de la Armada fueron sancionados por irregularidades. Un informe interno de julio de 2025 confirmó incumplimientos, falta de capacidad y retrasos significativos.
El Frente Amplio (FA), partido gobernante de Orsi, acusa a la administración anterior de negligencia o corrupción, alegando que se ignoraron las señales de alerta.
El escándalo ha generado debate parlamentario y podría dar lugar a nuevas licitaciones, aunque ha retrasado la modernización naval. El poder judicial investigará si hubo mala fe.
El senador del Partido Nacional, Javier García, quien era ministro de Defensa de Uruguay en la época del contrato de Cardama, publicó el siguiente mensaje en X el miércoles: Lamentable que el presidente Orsi se haya prestado para una maniobra política de la peor especie. Sabe que los barcos se están construyendo en forma avanzada y va a dejar al país sin posibilidad de cuidar nuestro mar. Con esta jugada expone al UY a demandas y a romper con la seriedad de nuestro país en el cumplimiento de un contrato. La política menor lamentablemente le ganó al presidente. Si quiere discutir las garantías que presentó la empresa, lo puede hacer, pero reconoce en la conferencia de prensa que se están construyendo y expone al Uruguay a dejarlo sin barcos por política menor. Nunca quisieron las patrullas por razones políticas.