MercoPress. South Atlantic News Agency
Ecuador: Se intensifica la violencia en la provincia de Imbabura
La Relatora Especial de la ONU Gina Romero advirtió sobre el posible uso de la fuerza y las detenciones arbitrarias El paro nacional indefinido de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra el gobierno del presidente Daniel Noboa tras la eliminación de los subsidios estatales al diésel ha derivado en el aumento de la violencia entre los insurgentes y las fuerzas del orden.
Durante este último fin de semana, un convoy de vehículos militares y policiales fue despachado a la provincia norteña de Imbabura (específicamente a las zonas de Cotacachi y Otavalo). En respuesta, la Conaie advirtió que este despliegue tenía como objetivo intensificar la represión contra los manifestantes.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo reportó una violenta emboscada contra militares en la zona de Cotacachi. Las Fuerzas Armadas informaron que 12 soldados resultaron heridos y 17 personas fueron detenidas durante la custodia de un convoy de alimentos.
El gobierno condenó el acto, y la ministra de Gobierno (Interior), Zaida Rovira, afirmó que el ataque fue perpetrado por “estructuras criminales —terroristas—” infiltradas en las protestas que sobrevinieron a la decisión de Noboa de eliminar el subsidio al diésel, lo que provocó un aumento en el precio del galón. El gobierno ha descartado revisar la medida.
La Conaie y organizaciones de derechos humanos afirmaron que el manifestante kichwa Efraín Fueres murió a causa de un disparo de las Fuerzas Armadas, tras lo cual la Fiscalía General de la República abrió una investigación a cargo de la Unidad Especializada en el Uso Ilegítimo de la Fuerza.
La organización indígena condenó el “uso letal e ilegítimo de la fuerza” y responsabilizó al gobierno por la violencia. La Conaie ha reiterado que el paro continuará.
Según otras fuentes, se interrumpió el servicio de internet en Cotacachi y Otavalo, lo que limita la capacidad de la población para informar sobre los últimos acontecimientos.
La Relatora Especial de la ONU sobre la libertad de reunión pacífica, Gina Romero, expresó su preocupación por la situación, advirtiendo específicamente sobre el uso excesivo de la fuerza y posibles detenciones arbitrarias.
