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Bolsonaro tiene 48 horas para explicar solicitud de asilo a Argentina
Se determinó que los Bolsonaro intentaron repetidamente eludir las medidas cautelares El juez Alexandre De Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, dio este miércoles al expresidente Jair Bolsonaro 48 horas para explicar la solicitud de asilo a Argentina encontrada en su teléfono móvil por la Policía Federal (PF).
En su decisión, De Moraes afirmó que el informe de la PF, en el que se imputaron a Bolsonaro y a su hijo, el diputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), en la investigación sobre los aranceles estadounidenses contra Brasil, demostró varios intentos de eludir las medidas cautelares que impedían el contacto con los investigados en el intento de golpe de Estado y el acceso a redes sociales, incluyendo perfiles de terceros.
Según el informe, Bolsonaro consideró la posibilidad de solicitar asilo político al mandatario argentino Javier Milei. El documento de 33 páginas, sin firma ni fecha, se encontraba guardado en el dispositivo desde 2024.
Además, el juez citó el contacto del general Walter Braga Netto tras la prohibición de hablar con Bolsonaro y los intercambios de mensajes entre el expresidente y sus aliados, en los que se les instruía para publicar en redes sociales.
“En vista de lo anterior, se cita a la defensa de Jair Bolsonaro para que, en un plazo de 48 horas, aclare los reiterados incumplimientos de las medidas cautelares impuestas, la reiteración de conductas ilícitas y la existencia de un riesgo de fuga comprobado”, escribió De Moraes.
Tras recibir el informe de acusación, el magistrado remitió el caso a la Procuraduría General de la República (PGR).
También el miércoles, la PF imputó a Bolsonaro y a su hijo Eduardo por su presunta participación en las sanciones estadounidenses contra Brasil. Se les atribuyen los delitos de coacción durante el juicio y de intento de abolición del Estado Democrático de Derecho. La PF concluyó su investigación sobre las acciones de Eduardo, junto con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, para promover represalias contra el gobierno brasileño y los magistrados del STF.
El gobierno estadounidense ha anunciado una serie de acciones contra Brasil y sus autoridades en los últimos meses, como un aumento del 50% en los aranceles a las importaciones de productos brasileños, una investigación comercial sobre la aplicación Pix de transferencia de dinero y medidas contra De Moraes en virtud de la Ley Magnitsky.
Trump y miembros de su administración afirman que Bolsonaro es objeto de una “cacería de brujas” y que el juez está actuando contra la libertad de expresión de las empresas estadounidenses que gestionan redes sociales.
En mayo, el fiscal general Paulo Gonet solicitó al Tribunal Supremo que abriera una investigación de la Policía Federal contra Eduardo y Jair Bolsonaro por el presunto papel del congresista en incitar al gobierno estadounidense a tomar medidas contra De Moraes, quien fue elegido relator del caso. También lideró la trama golpista y las investigaciones sobre noticias falsas.
Eduardo solicitó una licencia de 122 días de su mandato parlamentario en marzo y se fue a vivir a Estados Unidos, alegando persecución política. El presidente de la Cámara de Representantes, Hugo Motta (Republicano), presentó una solicitud de destitución ante la Comisión de Ética de la Cámara el viernes pasado, tras las alegaciones presentadas por el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Socialista (PSOL).
En este caso, el expresidente es investigado por enviar fondos a través de Pix para financiar la estancia de su hijo en el extranjero, mientras buscaba sanciones para presionar a la justicia brasileña. También está acusado en la causa penal relacionada con el intento de golpe de Estado ante el Supremo Tribunal Federal, cuyo juicio está programado para el 2 de septiembre. Ese mismo día se celebrará el juicio contra los acusados del llamado Núcleo 1 en la causa penal, identificados como líderes de la conspiración que, según la Policía Federal y la PGR, pretendió anular los resultados de las elecciones de 2022 y culminó con los ataques a la sede de los Tres Poderes del Estado el 8 de enero de 2023.
Jair Bolsonaro y otras siete personas estarán en el banquillo de los acusados: Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin); Almir Garnier, excomandante de la Marina; Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal; Augusto Heleno, exministro de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI); Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; Walter Braga Netto, exministro de Bolsonaro y compañero de fórmula presidencial de 2022; Mauro Cid, exayudante de campo de Bolsonaro.
En este caso, se les imputan los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daños calificados por violencia y amenaza grave, y daños a bienes protegidos.
El exdirector de Abin, Alexandre Ramagem, es actualmente diputado federal y se benefició de una decisión de la Cámara Baja que suspendió los procesos por delitos cometidos tras su investidura. Ramagem sigue acusado de los delitos de golpe de Estado, organización criminal armada e intento de abolición del Estado Democrático de Derecho.
Los otros tres grupos de acusados se enfrentan a procesos penales en la fase de alegatos finales, la última etapa antes del juicio, que se espera tenga lugar a finales de este año. (Fuente: Agencia Brasil)
