La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil presentó este lunes una solicitud ante el juez Alexandre De Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF) para condenar al expresidente Jair Bolsonaro y a otros siete acusados pertenecientes al llamado Grupo 1 por el levantamiento del 8 de enero de 2023.
El documento forma parte de los alegatos finales de la fiscalía, la última fase antes del juicio, que se prevé tendrá lugar en septiembre de este año.
En el escrito de 517 páginas, el fiscal general Paulo Gonet argumenta que Bolsonaro y los demás acusados deben ser condenados por los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado, daños calificados con violencia y amenaza grave, y deterioro del patrimonio histórico. Las penas máximas para estos delitos superan los 30 años de prisión. Además de Bolsonaro, la PGR solicitó la condena de los siguientes acusados:
Walter Braga Netto, general del Ejército, exministro y compañero de fórmula de Bolsonaro en las elecciones de 2022;
General Augusto Heleno, exministro de la Oficina de Seguridad Institucional;
Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin);
Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal;
Almir Garnier, excomandante de la Marina;
Paulo Sérgio Nogueira, general del Ejército y exministro de Defensa;
Mauro Cid, denunciante y exayudante de campo de Bolsonaro. De ser condenado, se espera que la pena de Cid se suspenda debido al acuerdo de culpabilidad firmado con la Policía Federal (PF) durante las investigaciones.
En la audiencia, el fiscal general describió el papel del expresidente Jair Bolsonaro en la conspiración golpista. Según él, Bolsonaro es el líder de la organización criminal y fue el principal orquestador y mayor beneficiario de las acciones para intentar un golpe de Estado en el país en 2022.
En palabras de Gonet, el expresidente instrumentalizó el aparato estatal y operó en un esquema persistente para atacar las instituciones públicas y el proceso de sucesión tras los resultados de las elecciones presidenciales.
Con el apoyo de altos mandos del gobierno y sectores estratégicos de las Fuerzas Armadas, movilizó sistemáticamente agentes, recursos y competencias estatales, en contra del interés público, para difundir narrativas falsas, provocar inestabilidad social y defender medidas autoritarias, declaró el fiscal.
Con la presentación del escrito de la PGR, comienza el plazo de 15 días para que la defensa de Mauro Cid, denunciante en la investigación, presente sus alegatos finales ante el STF.
A continuación, será el turno de los acusados para presentar sus alegatos dentro del mismo plazo. Tras recibir todas las declaraciones, la Primera Sala del STF fijará la fecha del juicio. Se espera que tenga lugar en septiembre de este año. (Fuente: Agencia Brasil)