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Reino Unido probará castración química para delincuentes sexuales
Mahmood teme el colapso de las prisiones británicas El Reino Unido adoptará a modo de prueba un nuevo programa de castración química para delincuentes sexuales en 20 cárceles de dos regiones con el fin de reducir las tasas de reincidencia hasta en un 60 %, como parte de una reforma más amplia, al tiempo que aborda la sobrepoblación en los centros de detención, anunció este jueves la secretaria de Justicia, Shabana Mahmood.
“Estoy explorando la posibilidad de implementar este enfoque”, declaró al Parlamento. “Por supuesto, es vital que este enfoque se implemente junto con intervenciones psicológicas que aborden otras causas de la delincuencia, como la afirmación del poder y el control”, añadió. “Si nuestras cárceles colapsan, los tribunales se ven obligados a suspender los juicios”, añadió. La policía debe detener las detenciones, los delitos quedan impunes, los delincuentes se descontrolan y reina el caos. Nos enfrentamos al colapso del orden público en este país”.
La medida implica el uso de drogas inyectables para suprimir el deseo sexual, junto con intervenciones psicológicas dirigidas a otras causas de la delincuencia, como el poder y el control.
La iniciativa sigue prácticas similares en Alemania, Dinamarca (voluntaria) y Polonia (obligatoria para algunos). Otras reformas incluyen la liberación anticipada de presos, la eliminación de la mayoría de las condenas inferiores a 12 meses (excepto en casos como la violencia doméstica), la deportación de extranjeros con condenas de tres años o menos y el aumento de la financiación de la libertad condicional en 700 millones de libras esterlinas (930 millones de dólares estadounidenses) anuales.
La población carcelaria en Inglaterra y Gales se ha duplicado hasta alcanzar casi 90.000 personas en 30 años, a pesar de la disminución de la delincuencia, debido a las condenas más largas. Los críticos argumentan que la eliminación de las condenas cortas corre el riesgo de “despenalizar” delitos como el robo y la agresión, y cuestionan la eficacia de las pulseras electrónicas. El gobierno también planea una importante ampliación de las prisiones para reemplazar las instalaciones obsoletas.
La iniciativa formó parte de una revisión exhaustiva realizada por el ex fiscal general David Gauke, que busca reducir la reincidencia y abordar el hacinamiento carcelario. Además de las liberaciones anticipadas, la medida propone otorgar a los jueces amplia flexibilidad para imponer sanciones como la prohibición de conducir. “Si el gobierno no destina los recursos necesarios a la libertad condicional, corremos el riesgo de no lograr el progreso necesario en la rehabilitación y de que se produzca una reacción pública negativa”, argumentó Gauke.
