El expresidente peruano Pedro Castillo Terrones (2021-2022) ha iniciado una huelga de hambre en protesta por el juicio que se le sigue por un supuesto intento de golpe de Estado en diciembre de 2022. Castillo, encarcelado desde el incidente, sostiene que se le está procesando injustamente por rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, pese a no contar con apoyo militar y exige un nuevo tribunal que supervise su caso, pues considera que el actual es parcial. También quiere que Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) protejan sus derechos. La fiscalía pide una pena de 34 años de prisión además de una reparación económica.
Castillo publicó en X una carta firmada como presidente en cautiverio, en la que afirma que fue injustamente encarcelado por actos que nunca cometió. También denuncia que en el tribunal que lo juzga hay un juez que ha adelantado una opinión condenándolo. “He decidido cumplir (iniciar), a partir de hoy, una huelga de hambre, acto que me lleva a tomar por las injusticias que se han cometido en mi contra”, escribió en la carta firmada por él y el abogado Walter Ayala.
El abogado internacional de Castillo, Guido Croxatto, apoya la huelga de hambre, argumentando que el juicio está “vicioso” y que la destitución de Castillo fue inconstitucional debido a irregularidades procesales, incluida la falta de votos suficientes para su vacancia. El argentino Croxatto también criticó al Tribunal Constitucional peruano por fallar prematuramente en el caso, socavando así la defensa de Castillo.
Mientras tanto, el ex abogado de Castillo, Benji Espinoza, calificó su estrategia de defensa como “disruptiva”, señalando la creencia de Castillo de que el sistema de justicia ya lo ha condenado y que el juicio es una formalidad. Espinoza también mencionó que Castillo, quien no ha sido privado de sus derechos, podría potencialmente postularse al Senado en las elecciones de 2026 si es liberado, ya que conserva un importante apoyo público. Durante el juicio, Castillo ha intentado en repetidas ocasiones retirarse del proceso, negándose a la defensa pública y alegando que su único delito fue defender al pueblo. Además, el ex primer ministro Aníbal Torres alegó que la caída de Castillo fue el resultado de las negociaciones entre la actual presidenta Dina Boluarte y la líder opositora Keiko Fujimori, afirmando que la destitución de Castillo era inevitable debido a las poderosas fuerzas de oposición. El juicio continúa, con la próxima audiencia programada para el martes.
Ayala confirmó en una entrevista radial que Castillo está pidiendo un cambio en el tribunal que lo juzga e insistió en que su cliente está siendo procesado injustamente por rebelión, dado que el fallido autogolpe no triunfó y no hubo un levantamiento armado.