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Prorrogan Estado de excepción en siete provincias de Ecuador
Alegando “grave conmoción interna”, Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 552, que prorroga la medida El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, extendió esta semana el estado de excepción por 30 días más en siete provincias y dos municipios, incluida la capital, Quito, para frenar la inseguridad y mantener el orden público, la paz social y la convivencia pacífica.
La medida limita el libre ejercicio de los derechos a la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia y la libertad de tránsito en las zonas afectadas. El estado de excepción fue declarado inicialmente en enero de 2024 debido al conflicto armado interno y la violencia persistente.
A pesar de la militarización, la violencia se ha disparado a medida que las bandas de narcotraficantes desvían el tráfico de contrabando a nivel nacional, según un informe de la ONU. El aumento del cultivo de coca en Colombia y el uso de Ecuador, Brasil y Bolivia como países de tránsito han contribuido a este fenómeno.
Entre 2016 y 2022, la violencia en Ecuador aumentó más del 400%. La tasa de homicidios aumentó un 94,7% entre 2021 y 2022, y las tasas más altas se observaron en las provincias costeras y vecinas. Desde 2018, las disputas entre pandillas locales y grupos criminales mexicanos han intensificado la violencia, especialmente en las zonas fronterizas. Las incautaciones de drogas en Ecuador han aumentado de manera constante, lo que refleja el aumento del tráfico de drogas a través del país.
Alegando “grave conmoción interna”, el Decreto Ejecutivo 552 de Noboa dispone la extensión del estado de excepción en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, así como en el Distrito Metropolitano de Quito y el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la sureña provincia de Azuay. El mandtario ordenó notificar la medida a la Asamblea Nacional (Parlamento), la Corte Constitucional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Días atrás, la Corte Constitucional de Ecuador dictaminó que no se daban las condiciones para hablar de “un conflicto armado interno”, como había argumentado Noboa en enero de 2024 al emitir el decreto que involucraba a las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interna. Esta vez, mencionó un “desbordamiento de actos violentos”.
