La seguidilla de decretos del presidente estadounidense Donald Trump durante su primera semana en el cargo incluyó la desclasificación en aras de la transparencia de todos los documentos relativos a los asesinatos del entonces mandatario John F. Kennedy (JFK) en 1962, así como los del senador Robert F. Kennedy, Sr. (RFK) y el activista de los derechos civiles Martin Luther King Jr. (MLK) en 1968.
Según las instrucciones de Trump, el director de Inteligencia Nacional y el fiscal general tienen 15 días para presentar un plan para la divulgación total y completa de los registros relacionados con el asesinato de JFK y 45 días para los casos de RFK y MLK. Algunos registros ya se han hecho públicos, pero el interés general nunca ha encontrado una respuesta concluyente a estos asesinatos de alto perfil.
Los hermanos Kennedy eran conocidos demócratas, mientras que MLK no adhirió formalmente a ningún partido político, aunque agradeció a JFK su preocupación por su encarcelamiento en 1960 e instó a sus seguidores a votar contra el candidato republicano Barry Goldwater en 1964 debido a la oposición de éste a la Ley de Derechos Civiles. Goldwater ganó la nominación republicana, pero fue derrotado por Lyndon B. Johnson por amplio margen.
Irónicamente, el hijo de RFK, conocido como RFK Jr, abandonó su candidatura presidencial independiente en 2024 y se unió a los esfuerzos de Trump en el bando republicano.
Trump también firmó este viernes los documentos pertinentes que levantan todos los servicios de seguridad estatales para antiguos aliados y rivales, más notablemente el doctor Anthony Fauci, quien estuvo detrás del uso obligatorio de máscaras y la vacunación forzada contra el Covid-19. Además, Trump reincorporó con paga completa a todo el personal militar dado de baja por negarse a cumplir esos tratamientos médicos y encierros.
Fauci adquirió notoriedad como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas ya durante el primer mandato de Trump y luego fue ascendido a asesor médico jefe del presidente Joseph Biden. Trump llegó a calificar a Fauci de desastre y dijo en repetidas ocasiones que lo despediría si era reelegido en 2020. En 2025, Fauci ya se había jubilado. A su regreso a la Casa Blanca, Trump dijo que Fauci había ganado mucho dinero trabajando para el Gobierno y que podía costearse fácilmente su personal de seguridad. Según medios locales, Fauci y su familia han recibido amenazas de muerte por su participación en la respuesta del Gobierno a la pandemia y se supo que, efectivamente, contrataría servicios de seguridad privados.
Una de las primeras medidas de Trump fue hacer frente a la inmigración ilegal y prohibir la ciudadanía por nacimiento para disuadir a las embarazadas de entrar en el país de cualquier manera para luego reclamar el derecho de residencia como familiares de un ciudadano estadounidense en virtud de la 14ª Enmienda. Pero el juez federal de Seattle John Coughenour firmó este jueves una orden temporal de no innovar que considera la medida de Trump flagrantemente inconstitucional.
La orden ejecutiva de Trump sostiene que un niño nacido en Estados Unidos de madre indocumentada no puede recibir la ciudadanía a menos que su padre sea ciudadano o titular de una tarjeta verde. Se espera que la iniciativa pase por más desafíos legales y apelaciones. El magistrado también sostuvo que consideraría una medida cautelar a largo plazo en las próximas semanas mientras sopesa el caso presentado por los fiscales generales de Arizona, Oregón, Washington e Illinois. En ausencia de una orden de restricción temporal, los niños nacidos en los Estados Demandantes pronto quedarán indocumentados, sujetos a expulsión o detención, y muchos apátridas, alegaron los demandantes.
Obviamente, lo apelaremos, dijo Trump en el Despacho Oval. No hay sorpresas con ese juez, añadió.
Esperamos presentar un argumento completo sobre los méritos ante el Tribunal y ante el pueblo estadounidense, que está desesperado por ver que se cumplan las leyes de nuestra Nación, mencionó también el Departamento de Justicia en un comunicado.
Tras la Guerra Civil, el jus soli (derecho de ciudadanía derivados del lugar de nacimiento, independientemente del linaje de los padres) se estableció en la 14ª Enmienda Constitucional, en contra de la sentencia de la Corte Suprema en el caso Dred Scott v Sanford, según la cual los afroamericanos no tenían derecho a la ciudadanía. Nada en la Constitución concede al Presidente, a los organismos federales ni a nadie más autoridad para imponer condiciones a la concesión de la ciudadanía a las personas nacidas en Estados Unidos, argumentaron los demandantes. Varios juristas han expresado su escepticismo sobre la legalidad de la orden ejecutiva de Trump.