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Elecciones en Uruguay, ocho claves para lectores europeos
Talvi, cuando era integrante de la Coalición Republicana tras la elección del 2019 Por Ernesto Talvi (*)
En el mundo occidental (e incluyo América Latina, que es el “sur de occidente”), la democracia liberal está jaqueada desde dentro: desencanto con las elites, la aparición por izquierda y por derecha (más por derecha que por izquierda) de alternativas a los partidos establecidos y con un discurso antisistema, polarización política, fragmentación y una frágil gobernabilidad.
No en Uruguay.
Hace una semana se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias en ese pequeño país (mi país) de apenas 3,5 millones de habitantes encajonado (al norte, este y oeste) por dos gigantes inestables (Brasil y Argentina) y con el río de la Plata al sur como única vía de escape hacia el mar (o más propiamente, el océano Atlántico).
La confianza en la integridad del proceso electoral es compartida sin discusión ni matiz por todos los partidos.
Aquí las claves que dejaron el proceso electoral y las elecciones (aclaro que para beneficio de lectores europeos usaremos los términos centroderecha y centroizquierda o derecha e izquierda, con una liberalidad que, si bien es usual en Europa en general y en España en particular, no lo es en Uruguay).
1. Fueron elecciones competitivas y libres de fraude o de sospecha de fraude, en donde la oposición tiene las mismas oportunidades de conquistar el gobierno que el oficialismo. En la primera vuelta la Coalición Republicana de centro-derecha actualmente en el gobierno (un centro-derecha con una fuerte vocación social) integrada por dos históricos partidos con más de 200 años de vida (el Partido Nacional y el Partido Colorado) y otros dos más pequeños; y el Frente Amplio que ya cumplió más de 50 años de vida (y que en los 15 años que le ha tocado gobernar, 2005-2020, lo hizo como una centroizquierda con vocación pro-inversión privada y pro-crecimiento), obtuvieron el 47% y el 44% de los votos, respectivamente. Habrá ballotage a finales de noviembre y el resultado es incierto. Lo dicho, es que puede ganar cualquiera.
2. Los resultados del escrutinio que presenta la Corte Electoral no fueron impugnados ni lo serán. La confianza en la integridad del proceso electoral es compartida sin discusión ni matiz por todos los partidos.
3. El presidente en ejercicio con altos niveles de aprobación de la ciudadanía no busca ser reelegido. En Uruguay no hay reelección, el período presidencial es de cinco años y si un presidente quiere ser “reelecto” tiene que tomarse antes un descanso de otros cinco años. El presidente en ejercicio al finalizar su mandato le entregará la banda presidencial a su sucesor, sea quien sea.
4. Los partidos establecidos (Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio) obtuvieron el 87% de los votos. En buen romance y en contraste con las tendencias globales, la ciudadanía se siente representada por los partidos establecidos y no percibe la necesidad de que su voto migre hacia opciones antisistema.
5. Los partidos de corte antisistema y/o nacionalistas y/o ambientalistas y/o personalistas y/u otras variantes, sumados obtuvieron apenas un 3,7% de los votos, ni siquiera pudieron superar el voto en blanco y nulo, que rondó el 5%.
6. La participación superó el 90% de los habilitados para votar (aclaración, en las elecciones nacionales el voto es obligatorio, aun así, el número es elevado). El resultado es pues representativo del total del electorado y el fantasma del absentismo como voto protesta contra el sistema o de indiferencia ante su inoperancia, no aparece en escena.
7. Las dos consultas que se votaron en simultáneo con la elección presidencial, el plebiscito constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos (prohibidos por la constitución vigente) y la derogación de la ley de reforma de la seguridad social introducida por el actual gobierno, no alcanzaron la mayoría (39,3% en el primer caso, 38,3% en el segundo) para ser aprobadas.
El plebiscito constitucional promovido por los partidos de la Coalición Republicana actualmente en el gobierno para habilitar los allanamientos nocturnos (hoy prohibidos por la constitución, incluso con orden judicial), no alcanzó los votos necesarios para ser aprobado (50% +1) al no contar con el apoyo del Frente Amplio.
El referéndum para derogar la reforma de la seguridad social, promovido por la central sindical (y apoyado por algunas de las fuerzas políticas que integran el Frente Amplio, como por ejemplo el Partido Socialista y el Partido Comunista) tampoco alcanzó la mayoría.
Procuraba restablecer la edad de retiro en 60 años (en lugar de los 65 que establece la nueva ley), equiparar la jubilación mínima al salario mínimo nacional y suprimir las administradoras privadas de ahorro previsional (establecidas por ley en 1996) y que los fondos pasen a ser administrados por el Estado. De haberse aprobado el referéndum, éste hubiera resultado en un importante deterioro de las finanzas públicas y dañado la reputación de Uruguay como un país con reglas de juego estables. Ninguno de los partidos establecidos apoyó institucionalmente el referéndum.[1]
El rechazo por parte de la ciudadanía a las dos consultas planteadas viene a reafirmar que, en Uruguay, resulta difícil promover con éxito iniciativas de esta trascendencia que no cuenten con un amplio consenso político.
8. La configuración del nuevo parlamento presagia la necesidad de construir trabajosos consensos.
Sólo los tres partidos establecidos (Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio) obtuvieron representación en el Senado. El Frente Amplio, hoy en la oposición, obtuvo la mayoría en la Cámara Alta (lo hizo con menos votos que la Coalición Republicana, puesto que el Frente Amplio es una coalición de partidos de iure que suman sus votos para la asignación de las bancas, en tanto que la Coalición Republicana es una coalición de facto y para la asignación de bancas los partidos que la integran no suman sus votos).
Si el Frente Amplio se alza con la victoria en el ballotage, gobernará con mayoría en el Senado. Si lo hiciera la Coalición Republicana, habría un gobierno de cohabitación y se necesitaría del apoyo de la izquierda para todos los nombramientos que requieran mayorías en el Senado y para la aprobación de las leyes.
En la Cámara de Diputados (con representación geográfica) ni la Coalición Republicana ni el Frente Amplio obtuvieron la mayoría. La primera quedó a un voto de la mayoría, en tanto que el segundo quedó a dos. Entre ambos reúnen 97 de los 99 escaños en diputados, los otros dos los obtuvo un partido antisistema.
Esto hace prever que, gane quien gane, tendrá que haber una cooperación parlamentaria más estrecha entre las dos grandes coaliciones políticas del país, para no quedar cautivos de posiciones extremas de muy escasa representatividad. Lo que requerirá de trabajosos consensos, pero que no es asimilable a una frágil gobernabilidad.
Todo lo cual indica que gane quien gane el ballotage, la continuidad de las políticas de largo aliento (estabilidad macroeconómica, integración comercial, un clima amigable para las inversiones, políticas sociales activas y un Estado de bienestar fuerte) no está puesta en cuestión. Algo que, por otra parte, se auguraba en la campaña electoral, en la medida que las propuestas de gobierno desplegadas por las dos coaliciones con oportunidades de ganar la elección, a un lado y otro del espectro político, si bien presentan énfasis y matices, están totalmente alejadas de aspiraciones refundacionales tan exitosas en los tiempos que corren.
Los augures sostienen que Uruguay no podrá emanciparse de las tendencias políticas globales y que más temprano que tarde, le darán caza. Puede ser. Mientras tanto, sentémonos a disfrutar y admirar este espectáculo democrático en un país en dónde hasta las encuestas acertaron los resultados casi a la perfección.
(1) El Frente Amplio dio libertad de acción a las fuerzas políticas que lo integran, en tanto que el Partido Nacional y el Partido Colorado hicieron campaña activa en contra del referéndum.
(*) Ernesto Talvi es investigador principal del Real Instituto Elcano. Ha sido director de la Iniciativa para América Latina de la Brookings Institution en Washington D.C.; Profesor Visitante en la Universidad de Columbia en Nueva York; miembro fundador del Comité Latinoamericano de Asuntos Macroeconómicos y Financieros (CLAAF); director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) en Uruguay. Fue candidato presidencial por el Partido Colorado en 2019 y por un breve período ministro de Relaciones Exteriores, del cual renunció al igual que de la política activa en Uruguay.
