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Gobierno argentino espera resolver crisis de la hidrovía del Paraná este año
Se espera que los balances de la AGP se resuelvan en algún momento de este año. El Gobierno argentino está estudiando una extensión de los acuerdos con la firma belga Jan de Nul para la gestión de la hidrovía Paraná-Paraguay que enfrenta una imperiosa necesidad de nuevos dragados.
Según se descubrió, la Administración General de Puertos (AGP) de Argentina mantiene un pasivo de casi 80 millones de dólares con la empresa belga de dragado por servicios no pagados desde que el Estado recuperó el control del esquema clave de transporte en 2021 tras finalizar el acuerdo. El Gobierno del presidente Javier Milei ordenó cancelar esta deuda a la brevedad, por lo que no se descarta que Jan de Nul permanezca o se le concedan trabajos adicionales durante cuatro años más.
Dada la forma desprolija y apresurada en que la AGP recuperó el control de la gestión de la Hidrovía durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, las autoridades actuales barajan la posibilidad de aplicar un impuesto adicional de entre el 30 y el 63% vinculado a la recaudación en curso del IVA para equilibrar las cuentas. El Ministerio de Economía aún no tomó una definición al respecto, mientras que ya se recibieron cartas de protesta de usuarios de la Hidrovía agrupados en entidades como la Cámara de la Industria Petrolera y la Bolsa de Comercio de Rosario, entre otras.
Según medios locales, se rumoreaba en círculos del Gobierno que Jan de Nul había sido considerada necesaria para algunas mejoras que el sistema de navegación troncal requiere con urgencia. A cambio de los recargos adicionales, se espera que los usuarios no pongan objeciones, dadas las mejores condiciones operativas que estarán disponibles. Por lo tanto, no habría un rechazo a posponer el proceso de licitación para encontrar un sucesor de Jan de Nul. En este escenario, la belga Deme Dredging ha ofrecido un mecanismo para hacerse cargo de la deuda de AGP, se informó.
Al finalizar la concesión privada, la AGP asumió la administración de la hidrovía, pero al no contar con la capacidad técnica para prestar los servicios requeridos, pasó a contratar de manera “temporal” y sin licitación a las mismas empresas privadas que ya los brindaban: a saber, el dragado de Jan de Nul, y el balizamiento de Emepa, lo que ha suscitado reparos de la Auditoría General de la República.
En otras palabras, Jan de Nul ya no gestionaría la Hidrovía, sino que permanecería como contratista tercerizado dentro de la estructura, mientras que Emepa ganó una “licitación corta” para el balizamiento que finalizó formalmente en diciembre de 2023. Bajo el esquema actual, el entendimiento entre la AGP y Jan de Nul caduca cuando se encuentren nuevos operadores a través de un nuevo proceso de licitación, que el Gobierno de Milei se ha comprometido a llevar a cabo antes de finales de 2024, tiempo durante el cual se espera que se arreglen los balances de la AGP.
