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Inminente pérdida de empleos agravará crisis argentina a corto plazo
Los funcionarios encuadrados en la Ley Marco Nacional de Empleo Público no serán despedidos. Tampoco lo serán quienes cubran cupos de empleo para transexuales o discapacitados El gobierno del presidente Javier Milei planea no renovar los contratos de unos 7.000 trabajadores estatales, lo que se sumaría a las penurias que atraviesan muchas familias argentinas en medio de profundas reformas para recuperarse de la actual crisis del país, se informó en Buenos Aires.
Según La Nación, un nuevo decreto presidencial anunciaría el cese de estas relaciones laborales a partir del 31 de diciembre. El decreto de necesidad y urgencia (DNU) también dispondría la etapa de evaluación de todas las estructuras del Estado durante los próximos 90 días, para determinar cuáles de los otros puestos se mantendrán y cuáles no, dando lugar a una posible nueva etapa de reducción de puestos de trabajo que no abarcará “cupos regulados por ley u otros tipos de protección especial”, como los de transexuales o discapacitados.
La Administración Pública Nacional (APN) está formada por 393.000 trabajadores, de los que 193.000 son civiles. Algunos están alcanzados por la Ley del Trabajo y otros por la Ley Marco del Empleo Público Nacional. Los que están bajo esta última no se verán afectados por la reestructuración, se explicó.
En este escenario, el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina (CPC), Gerardo Antonio Fernández, teme que unos 2 millones de personas queden sin trabajo, luego de que Milei anunciara la paralización de toda la obra pública. “Es imposible prescindir de la obra pública”, dijo.
También advirtió que “una escuela de frontera, una red de agua o un centro de salud en el interior del país no son obras rentables que se puedan financiar y vender como cualquier otro bien”. La entidad agrupa a más de 900 pymes constructoras nacionales, principalmente de obras de arquitectura pública y privada.
Sin embargo, Fernández insistió en que Milei garantizó el cumplimiento irrestricto de los contratos vigentes. También se preguntó por qué sería necesario no desmantelar el Ministerio de Infraestructura Nacional en medio de tantas reformas si se pretende eliminar la obra pública.
