Una práctica que se extendió por todo el mundo durante los confinamientos del Covid-19 para evitar la proximidad física, la escolarización en línea vuelve a Ecuador en un intento de minimizar los peligros de vivir en la provincia costera de Guayas, asolada por la delincuencia, en particular su capital, Guayaquil, donde los tiroteos y asesinatos se han convertido en algo habitual, se anunció el domingo.
El Ministerio de Educación dijo en X (antes Twitter) que había decidido aplicar el Plan de Continuidad Educativa, a distancia, en determinadas instituciones educativas de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil, hasta el 27 de septiembre, y en la vecina ciudad de Durán hasta el 2 de octubre. Se aplicará el Plan de Continuidad Educativa, a distancia en seis instituciones de Monte Sinaí y otras seis de Durán, dijo el ministerio, al tiempo que pidió a la policía que realice patrullajes permanentes cuando se reanuden las clases presenciales en la localidad.
El apoyo de la fuerza pública para la reanudación de las clases presenciales debe ser una prioridad para proteger la vida y el derecho a la educación de los estudiantes, agregó el ministerio.
Los enfrentamientos entre bandas rivales han provocado numerosas masacres en las cárceles de Ecuador desde 2020, con más de 400 reclusos muertos. La violencia también se ha desbordado a las calles, con homicidios y agresiones que han llevado a Ecuador de 5,8 a 25,32 asesinatos por cada 100.000 habitantes en cinco años. Los expertos temen que la tasa pueda llegar a 40 a finales de 2023.
El pasado viernes, el Ministerio de Educación de Ecuador destinó 14 millones de dólares para contratar seguridad privada que se sume al trabajo de la Policía Nacional en instituciones educativas de zonas inseguras.
La ministra María Brown recibió la semana pasada un pedido de grupos de padres de familia para volver a la virtualidad debido al incremento de muertes violentas y el peligro al que están expuestos los centros educativos.
Según la Policía Nacional de Ecuador, al menos 1.326 escolares de entre 12 y 17 años abandonaron sus estudios para unirse a bandas criminales en los últimos meses, tras lo cual se involucraron en tenencia ilegal de armas, sicariato, microtráfico, robo y otras actividades del crimen organizado.